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Un nuevo plan migratorio de la administración de Donald Trump amenaza con dejar sin protección a cientos de miles de migrantes, entre ellos cubanos, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y solicitaron asilo tras cruzar la frontera.
La medida, revelada en un informe exclusivo de CNN, busca desestimar las solicitudes de asilo de quienes se encuentren en territorio estadounidense sin documentación legal, volviéndolos inmediatamente deportables.
Esta estrategia transformaría a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en una extensión operativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según denuncian organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“El gobierno está convirtiendo la agencia que otorga beneficios migratorios en un brazo ejecutor del ICE”, alertó una abogada de la organización.
Aunque Trump prometió durante su campaña a la presidencia que priorizaría la deportación de personas con antecedentes penales, la realidad operativa es otra. La meta impuesta por la Casa Blanca es de 3,000 arrestos diarios, una cifra inalcanzable si se limitan a quienes tienen historial delictivo, asegura Priscilla Álvarez, corresponsal de inmigración de CNN en conversación con el periodista de la propia cadena Zachary B. Wolf.
Ahora, el blanco son todos los que se encuentran ilegalmente en el país. La ampliación de las detenciones ha provocado inquietud incluso entre aliados republicanos del presidente, quienes han exigido detalles sobre a quiénes se está arrestando realmente.
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Cubanos, venezolanos y otras nacionalidades pierden protecciones
El plan incluyó el desmantelamiento de protecciones humanitarias como el estatus de protección temporal (TPS) y el parole, lo que afecta directamente a comunidades migrantes como los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Muchos de los que llegaron legalmente con documentos temporales ahora han quedado indocumentados de la noche a la mañana, sin posibilidad de renovar sus permisos laborales o residenciales.
“El número de personas indocumentadas está creciendo porque las protecciones están siendo sistemáticamente eliminadas”, advirtió Álvarez.
Además, un fallo reciente de la Corte Suprema permite al gobierno de Trump deportar migrantes a terceros países, como Sudán del Sur, sin garantías claras de debido proceso. Esto abre la puerta a enviar a cubanos o venezolanos a naciones con las que EE.UU. no tiene acuerdos de repatriación directa.
El cuestionamiento sobre cuánto aviso reciben estas personas y si pueden impugnar esa deportación permanece en el aire, mientras se consolida una infraestructura para detener y expulsar más migrantes.
“Alligator Alcatraz”: el nuevo símbolo de la detención masiva
Uno de los proyectos más inquietantes es el centro de detención provisional conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida. Con capacidad para 5,000 personas, el sitio está contemplado que se rodee de caimanes y serpientes en un pantano, lo que reduce las necesidades de seguridad física.
“El ICE solo tiene un número limitado de camas de detención. Solo cuenta con fondos para un promedio de 41,500 camas, pero colabora con las cárceles locales. Cuenta con colaboradores comunitarios para la detención. Actualmente, hay más de 58,000 personas bajo custodia del ICE. Han superado por completo su capacidad”, argumentó Álvarez.
El complejo en Florida, que se pretende levantar con apoyo de fondos de emergencia de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), es solo una pieza del rompecabezas. La administración también está negociando con estados y empresas privadas para habilitar nuevas cárceles migratorias ante el colapso de las ya existentes, apunta la corresponsal.
Con más de 58,000 personas actualmente detenidas y un sistema migratorio colapsado, Trump y su equipo, liderado por el arquitecto de las políticas migratorias, Stephen Miller, llevan meses tejiendo discretamente este nuevo andamiaje legal y operativo.
La gran incógnita es si lograrán el multimillonario paquete presupuestario que se debate en el Congreso. De obtenerlo, advierten los expertos, podrían ejecutar plenamente esta maquinaria que amenaza con borrar la línea entre protección humanitaria y castigo migratorio.
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