El régimen cubano ha solicitado penas de entre tres y siete años de prisión para 16 ciudadanos de la provincia de Granma que participaron en las protestas pacíficas del 17 y 18 de marzo de 2024, cuando miles de cubanos tomaron las calles en varias ciudades del país exigiendo comida, electricidad, medicinas y una vida digna.
Julio César Vega, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y preso político, denunció desde prisión que estas peticiones fiscales buscan sembrar el miedo, dijo el medio independiente CubaNet.
“Quieren aterrorizar a todos los que, como ellos, reclaman un derecho constitucional”, declaró en un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Las protestas de marzo, consideradas por Cubalex como el clímax de una cadena de movilizaciones ciudadanas, estallaron por la profunda crisis económica, los apagones interminables de más de 15 horas, y la escasez de alimentos y medicinas que continúa ahogando a las familias cubanas.
Las manifestaciones comenzaron en Santiago de Cuba y se extendieron a Matanzas y Sancti Spíritus, además de Granma, siendo reprimidas con detenciones, cortes de internet y amenazas a familiares de los participantes.
A más de un año de estos sucesos, los implicados enfrentan peticiones fiscales severas sin garantías procesales. Entre ellos, Dalis Zamora Rondón podría recibir una condena de siete años de prisión; René Aguilera Aguilar, seis años; Mario Luis Espinoza Cedeño, cinco; y otros activistas penas similares, incluyendo limitaciones de libertad y reclusión domiciliaria.
“Todos [fueron condenados] por solo reclamar sus derechos a una vida normal, estable y saludable, cansados de tanta desesperación, tanta hambre y tanta maldad que promueve el régimen”, subrayó Vega.
Esta semana se conoció que la Fiscalía cubana también solicitó penas de hasta nueve años de cárcel para manifestantes pacíficos que participaron en protestas ciudadanas en Encrucijada, Villa Clara, que protestaron el 7 de noviembre de 2024 por los apagones interminables que, desde hace varios años, arruinan la vida diaria en todo el país.
Armados solo con calderos y la voz, gritaron consignas como “¡Pongan la corriente!” y “¡Queremos corriente!”. El resultado ha sido hasta nueve años de prisión, según denunció el viernes la organización Cubalex.
A Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera les piden nueve años; a José Gabriel Barrenechea Chávez, seis; a Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, cinco; a Yuniesky Lorences Domínguez, cuatro; y a Marcos Daniel Díaz Rodríguez, cinco años de limitación de libertad.
La acusación contra Barrenechea, un conocido escritor cubano, va más allá del momento de la protesta, se basa también en su “conducta en redes sociales”, sus ideas políticas y hasta en “relaciones con personas de mala moralidad”. Un castigo por pensar distinto, disfrazado de legalidad.
Tan solo en julio de 2025, se documentaron 845 protestas en todo el país, un aumento del 38 % con respecto al mismo mes del año anterior, de las cuales 209 fueron enfrentamientos directos con la policía política, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Un informe del organismo subraya que la represión es ahora una constante y no una excepción. Durante julio, barrios como Guanabacoa y El Diezmero fueron escenario de cacerolazos, bloqueos de calles y enfrentamientos con fuerzas antimotines, todo motivado por apagones de hasta 30 horas, una inflación descontrolada, escasez de alimentos y un sistema de salud en ruinas.
Entre los factores que han encendido la indignación popular destacan también las declaraciones oficiales negando la existencia de mendigos, el encarecimiento de la canasta básica, que supera los 90,000 pesos mensuales, y los crecientes feminicidios y muertes en custodia policial.
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