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El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) lanzó una alarma urgente por el grave deterioro del estado de salud del preso político cubano Juan Enrique Pérez Sánchez, quien lleva más de un mes sufriendo un cuadro febril persistente por encima de los 39 grados Celsius.
Según denunció la ONG que monitorea y denuncia violaciones a los derechos culturales y humanos en Cuba -especialmente en contextos de represión contra artistas, activistas y ciudadanos-, Pérez Sánchez no ha recibido atención médica adecuada por parte de las autoridades penitenciarias de la prisión de Quivicán, en la provincia de Mayabeque.
En una llamada telefónica realizada este 1 de agosto de 2025, el propio Pérez Sánchez pidió auxilio debido a su precario estado físico. Acorde al reporte del ODC, su voz era apenas reconocible, producto de la extrema debilidad y la dificultad para respirar.
La última visita reglamentaria, ocurrida el pasado 8 de julio, ya había encendido las alarmas: en ese encuentro, el prisionero se desmayó en dos ocasiones y tuvo que ser reanimado por el personal médico del penal. Desde entonces, los síntomas —fiebre alta, constantes dolores de cabeza, calambres en el rostro y las extremidades— no han cedido.
Aunque fue trasladado a la capital provincial para ser sometido a pruebas diagnósticas, como un leucograma y una radiografía de tórax, los resultados no evidenciaron signos claros de enfermedad, y pese a ello, los episodios febriles y los desmayos continúan.
Ante semejante cuadro clínico inespecífico, la familia y activistas se preguntan por qué no ha sido internado en la sala de penados del hospital de San José de las Lajas para un estudio más exhaustivo.
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Juan Enrique Pérez, de 42 años, padece hipertensión, asma, un trastorno severo del sueño y ha experimentado parálisis faciales parciales como secuela de sus huelgas de hambre en prisión. Todo apunta a una posible neuropatía o algún tipo de fallo orgánico sistémico que requiere atención urgente.
La omisión médica ha sido calificada como una forma de tortura por parte del ODC, que denuncia que el caso de Pérez Sánchez no es aislado. Las muertes bajo custodia en el sistema penitenciario cubano han aumentado significativamente en los últimos años, según organizaciones independientes.
“¿Acaso un mes con fiebre alta y desmayos regulares no son motivo suficiente para hospitalizar a un ser humano?”, cuestionó el Observatorio en su comunicado.
El prisionero político fue detenido el 12 de julio de 2021 tras participar en las protestas pacíficas del 11J, en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, donde portaba un cartel con una frase que resonó con fuerza en medio de las espontáneas manifestaciones: “Era tanta el hambre que nos comimos el miedo”.
El desafiante mensaje, en un contexto inédito de explosión ciudadana, se volvió viral y motivó la sentencia impuesta por la Fiscalía de ocho años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje, desacato y desórdenes públicos.
Durante su tiempo en prisión, Pérez Sánchez ha sido víctima de golpizas, aislamiento, amenazas, suspensión de llamadas telefónicas, desnutrición, y castigos por negarse a participar en programas de “rehabilitación ideológica”. En una de sus más impactantes protestas, el 30 de septiembre de 2023, se cosió la boca con alambres como muestra de desesperación por la situación que vive.
Su esposa, Dayana Aranda Batista, ha denunciado en múltiples ocasiones el ensañamiento de las autoridades contra su esposo y también ha sido víctima directa de represión. En abril de 2023 fue golpeada por agentes de la Seguridad del Estado que intentaron conducirla a un interrogatorio sin citación legal.
El caso de Juan Enrique Pérez Sánchez se ha convertido en un símbolo de la represión contra los manifestantes del 11J. La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han sido instados a exigir a Cuba el cumplimiento de las Reglas Mandela, un conjunto de normas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por la Asamblea General de la ONU.
Desde el ODC se hace un llamado urgente a la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos para que se solidaricen con la situación del prisionero político y exijan al régimen cubano garantizar su integridad física y su derecho a la atención médica, como estipulan los tratados internacionales que la isla ha ratificado.
La vida de Juan Enrique Pérez Sánchez corre peligro, y su caso resume en carne propia la vulneración sistemática de derechos humanos que sufren cientos de presos políticos en Cuba.
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