Un juez federal ordenó recientemente a las autoridades estatales y federales de Florida revelar quién tiene el control legal del controvertido centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.
Según reportó la agencia Associated Press (AP), el juez Rodolfo Ruiz, designado por el presidente Donald Trump, exigió que antes del jueves se entreguen todos los contratos y acuerdos oficiales que documenten qué agencia gubernamental o contratista privado tiene autoridad para detener personas o desempeñar funciones de oficiales migratorios en esa instalación ubicada en los Everglades, en el sur de Florida.
El centro, construido de forma apresurada hace poco más de un mes sobre una pista de aterrizaje en una zona remota, es objeto de una demanda civil por parte de abogados de inmigración que denuncian violaciones constitucionales contra los detenidos: sin cargos, sin acceso a abogados y sin audiencias de fianza ante tribunales migratorios, subrayó AP.
Desde que el sitio abrió a inicios de julio, ha existido una gran opacidad sobre quién tiene la custodia legal de los cientos de migrantes allí retenidos.
Tanto el gobierno federal como el estado de Florida habían solicitado limitar las revelaciones únicamente a los convenios entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y tres agencias estatales: la Patrulla de Carreteras de Florida, la Guardia Nacional de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.
No obstante, el juez Ruiz falló a favor de una mayor transparencia, aunque rechazó otras solicitudes de los demandantes por considerarlas demasiado amplias, como el número exacto de empleados en el centro o los responsables de los procesos de deportación.
“Alligator Alcatraz” también enfrenta una segunda demanda presentada por grupos ambientalistas, que exigen la paralización del proyecto alegando que no se cumplieron las leyes ambientales estatales ni federales.
La audiencia de ese caso está prevista para este miércoles.
Por otra parte, la Arquidiócesis de Miami celebró el sábado la primera misa en el centro de detención, tras semanas de negociaciones.
“Me complace que se haya aceptado nuestra petición de brindar atención pastoral a los detenidos”, dijo en un comunicado el arzobispo Thomas Wenski.
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