La administración del presidente estadounidense Donald Trump expresó su respaldo a la reforma constitucional aprobada en El Salvador que habilita la reelección presidencial indefinida, y rechazó que se compare al país centroamericano con dictaduras de la región como Nicaragua o Venezuela.
En declaraciones divulgadas por el Departamento de Estado a la agencia EFE, un portavoz aseguró que la Asamblea Legislativa salvadoreña fue elegida democráticamente, y por tanto tiene el derecho soberano de reformar su Constitución.
“Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, afirmó. Asimismo, rechazó “las comparaciones con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de la región”.
La reforma constitucional, ratificada el pasado viernes, no solo permite a Bukele presentarse a un tercer mandato consecutivo, sino que amplía el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
La oposición local y organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido que se trata de un retroceso democrático que podría consolidar un modelo autoritario.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que estas modificaciones suprimen garantías institucionales esenciales y abren la puerta a la concentración de poder.
Por su parte, Bukele defendió la medida argumentando que en países como Reino Unido, España o Dinamarca también existe reelección indefinida, y que la voluntad popular es la que debe prevalecer.
Bajo el argumento de “darle el poder total al pueblo salvadoreño”, Bukele ha desmantelado los principios constitucionales que garantizaban la alternancia y los contrapesos institucionales.
El resultado es una arquitectura jurídica hecha a medida del presidente más popular y más poderoso de la historia reciente del país centroamericano.
El respaldo tácito de Trump no sorprende, dado que su administración mantuvo una estrecha relación con el Gobierno de Bukele, incluyendo acuerdos migratorios controversiales, como el envío de solicitantes de asilo a centros penitenciarios salvadoreños, algunos de los cuales han sido señalados por violaciones de derechos humanos.
Aunque Bukele aún no ha confirmado su candidatura para un tercer mandato, analistas políticos coinciden en que la reforma allana su camino para perpetuarse en el poder, en un contexto de alta popularidad, pero también de creciente preocupación internacional por el deterioro de las instituciones democráticas en El Salvador.
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