Miles de personas, entre ellas jóvenes que desean estudiar en el extranjero, profesionales que buscan homologar sus títulos o ciudadanos que aplican a la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, siguen atrapadas en un sistema que, pese a los discursos oficiales, no ofrece garantías claras ni plazos cumplidos en la legalización de títulos universitarios.
En teoría, legalizar un documento docente, ya sea títulos, certificaciones de notas o planes temáticos, debería tardar 45 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud en la universidad. Pero en la práctica, ese plazo rara vez se respeta, dice un reporte de Cubahora.
Las causas son múltiples y van desde el aumento desbordado en las solicitudes desde 2019, escasez de personal en archivos y secretarías, falta de transporte entre sedes universitarias, cortes eléctricos durante el horario laboral y, en muchos casos, ausencia de los expedientes en los archivos.
En una conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Educación Superior (MES), de acuerdo con el reporte de Cubahora, admitieron que no están cumpliendo los plazos, y que muchas veces los errores en los documentos obligan a reiniciar todo el proceso.
A pesar de la creación de un grupo temporal de trabajo y la intención de actualizar la normativa vigente desde 2014, la burocracia y los cuellos de botella siguen ganando la partida.
Desde febrero de 2025, el Ministerio de Justicia (Minjus) asumió la legalización de documentos que antes correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores. Según cifras oficiales, más de 600,000 documentos fueron legalizados en solo seis meses de este año, pero esa cifra no refleja la angustia de quienes siguen esperando los suyos.
El propio Minjus reconoce que los mayores atrasos están en la obtención inicial de los documentos, especialmente los provenientes de las universidades, donde el colapso es generalizado.
Los límites de procesamiento diarios, 100 documentos para algunos bufetes, 50 para otros, y la llegada irregular de valijas con papelería desde las provincias agravan la situación.
Ante la desesperación, muchos cubanos recurren al mercado negro, donde los mismos documentos pueden obtenerse en días si se paga lo suficiente. Mientras es un secreto a voces que los sobornos pululan y se justifican por la necesidad de salir del país, acceder a estudios, o cumplir con requisitos legales para procesos migratorios urgentes.
Entre cubanos que padecen esta situación hay una frase que es recurrente y es aquella de que solo quieren su título. Pues no se trata de un simple papel, sino de una oportunidad de empezar una nueva vida.
Legalizar un documento no debería ser una prueba de resistencia. Sin embargo, en el país donde todo trámite se convierte en lucha, obtener un título legalizado puede costar meses, sudor, y muchas veces, dinero por debajo de la mesa.
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