El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita a sus agentes detener e interrogar a personas que hablen español o inglés con acento, como parte de operativos migratorios.
En su solicitud, el gobierno afirma que el idioma puede ser un factor válido -junto con otros- para "sospechar" que alguien está en el país sin documentos.
La petición del DHS busca suspender una orden federal que prohíbe basar una detención únicamente en el idioma hablado, la apariencia racial o étnica, el tipo de trabajo o la ubicación de la persona.
En su Application to Stay, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) piden que la Corte Suprema levante de inmediato la restricción, alegando que limita de forma indebida la labor de control migratorio.
Sostienen que, en contextos donde una gran proporción de personas indocumentadas proviene de México, El Salvador y Guatemala, y “muchos solo hablan español”, el uso exclusivo de esta lengua puede contribuir a una evaluación legítima de estatus migratorio.
El gobierno señala que, en muchos casos, los agentes necesitan interrogar en el lugar para confirmar o descartar sospechas, y que el idioma, combinado con otros elementos -como tipo de trabajo o zona en la que se encuentre la persona- puede justificar ese acercamiento.
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Incluso citan precedentes judiciales en los que el hecho de que un grupo estuviera “hablando entre sí únicamente en español” fue considerado relevante dentro de un análisis más amplio.
Y matizan: “Nadie piensa que hablar español… siempre genere sospecha razonable”, pero insisten en que en muchas situaciones este factor, solo o en conjunto, puede aumentar la probabilidad de que alguien esté ilegalmente en el país.
La respuesta de los demandantes
Los demandantes -cinco trabajadores y cuatro organizaciones comunitarias- rechazan de plano que el idioma sea un indicador fiable de estatus migratorio.
Alegan que esta práctica convertiría en sospechosos a millones de ciudadanos y residentes legales cuya lengua materna es el español o que hablan inglés con acento.
El tribunal de distrito respaldó este argumento al concluir que los cuatro factores enumerados por el gobierno describen únicamente un “perfil amplio” que no cumple con el estándar constitucional de sospecha razonable.
Qué está en juego para los hispanohablantes
En estados como California, donde viven más de 10 millones de hispanohablantes y que fue donde se puso la demanda, permitir que el idioma sea un disparador para detener e interrogar expondría a comunidades enteras a operativos indiscriminados.
Esto afectaría tanto a indocumentados como a ciudadanos y residentes legales, creando un clima de miedo que podría disuadir a muchos de denunciar delitos o colaborar con las autoridades.
De más estar decir que afectaría profundamente también a Florida.
Un fallo favorable al gobierno podría marcar un precedente nacional que normalice controles itinerantes, interrogatorios en centros de trabajo y paradas en espacios públicos basadas en observaciones lingüísticas.
“No quiero que el silencio sea nuestra historia”
Pedro Vásquez Perdomo, uno de los demandantes, fue detenido el 18 de junio en Pasadena mientras esperaba empleo en una parada de autobús.
Según su relato, varios vehículos sin identificación se detuvieron y hombres enmascarados lo arrestaron “como si fuera un delincuente”.
Fue trasladado al sótano del edificio federal B-18 en Los Ángeles, donde compartió espacio con otras 52 personas sin baño ni higiene.
“No quiero que el silencio sea nuestra historia”, dijo en declaraciones recogidas por EFE, en las que pidió a otros afectados que denuncien y documenten cualquier abuso.
La ACLU del Sur de California respalda este llamado y recuerda que la orden judicial actual sigue vigente, por lo que cualquier interrogatorio o detención basado únicamente en idioma, acento o apariencia debe ser reportado.
Escenarios posibles
¿Qué viene ahora? La Corte Suprema podría:
-Otorgar la suspensión y permitir que los agentes vuelvan a interrogar en base a idioma y otros factores mientras continúa el litigio.
-Negar la solicitud y mantener la protección actual.
-Conceder una suspensión administrativa breve mientras analiza el caso en detalle.
Lo que está claro es que la decisión tendrá un impacto inmediato en el día a día de millones de personas que usan el español como lengua principal o habitual en Estados Unidos.
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