El abogado de inmigración Víctor Martínez reveló que tuvo que esperar 10 días para que las autoridades aprobaran su solicitud de ingreso al polémico centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, donde actualmente representa a seis personas privadas de libertad.
En declaraciones a Telemundo 51, Martínez detalló que, pese a la autorización, no pudo acceder a las celdas donde se encuentran sus clientes, sino a un área de visitas que describió como “jaulas”.
“Dentro de esa zona hay una jaula donde los encierran. Me impresionó mucho que los trajeran esposados porque he visitado muchos centros de detención de inmigración, incluso de alta seguridad, y nunca me habían llevado a un detenido esposado”, afirmó.
El abogado también denunció la presencia de una cámara de vigilancia que registraba todo el encuentro con sus defendidos, lo que a su juicio vulnera el derecho a la confidencialidad entre cliente y representante legal.
El testimonio de Martínez se suma a una creciente ola de críticas contra “Alligator Alcatraz”, una instalación ubicada en medio de los Everglades que, desde su apertura ha enfrentado cuestionamientos por sus condiciones y por la legalidad de su construcción.
Esta misma semana, una jueza federal en Miami, Kathleen Williams, ordenó la suspensión temporal de las obras de ampliación del centro por un periodo de 14 días, mientras se revisan denuncias de que el proyecto viola leyes ambientales federales.
La medida no impide que la instalación continúe albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero sí prohíbe agregar nuevo relleno, pavimentar o levantar más infraestructura durante el periodo de restricción.
La decisión judicial fue en respuesta a la demanda presentada el pasado 17 de julio por grupos ambientalistas y por la tribu Miccosukee, quienes sostienen que el centro amenaza humedales protegidos y pone en riesgo años de inversión en la restauración del ecosistema de los Everglades.
“La construcción de ‘Alligator Alcatraz’ viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También viola los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal e inmoral”, denunció entonces Judith LeBlanc, directora ejecutiva de la Alianza de Organizadores Nativos.
Además de la batalla ambiental, el centro enfrenta una segunda demanda, presentada por organizaciones de derechos civiles, que acusa a las autoridades de impedir el acceso de detenidos a abogados, retenerlos sin cargos y cancelar audiencias de fianza. La audiencia sobre este caso está fijada para el 18 de agosto.
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