El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecutará un ambicioso plan para deportar un millón de personas cada año tras recibir el respaldo del Congreso, que aprobó un paquete legislativo clave para su agenda migratoria.
Según informó la agencia Associated Press (AP), la medida forma parte de una ley que combina recortes de impuestos y gastos, y que asigna cerca de 170,000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), prácticamente duplicando su presupuesto anual.
El aumento de recursos permitirá contratar más agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ofrecer bonos de hasta 50,000 dólares para nuevos reclutas, ampliar la capacidad de detención y habilitar centros en bases militares.
De acuerdo con el reporte, las operaciones de deportación no se limitarán a la frontera sur, sino que se expandirán a comunidades de todo el país, incluyendo redadas en universidades, centros de trabajo y espacios públicos.
La Casa Blanca describe este despliegue como la mayor campaña de expulsiones en la historia estadounidense, recalcó AP.
El plan también contempla 46,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, así como el uso de instalaciones penitenciarias para albergar a personas en proceso de deportación.
Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por la falta de transparencia sobre el gasto y el posible impacto humanitario de las medidas, indicó la fuente citada.
Trump ha defendido que se está cumpliendo su promesa de reforzar la seguridad y “remover a quienes no tienen autorización para permanecer en el país”, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian que muchas detenciones afectan a personas sin antecedentes penales.
En medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, el gobierno aseguró que cerca de un millón de migrantes abandonaron el país por voluntad propia, una cifra que se presenta como argumento para justificar el despliegue de nuevas medidas de control y deportación.
Paralelamente, el temor a las redadas del ICE ha llevado a muchos padres indocumentados a preparar a sus hijos para escenarios en los que podrían ser detenidos o deportados, una señal de la creciente presión que enfrentan las comunidades migrantes en el día a día.
En el sur del país, Florida anunció la construcción de un segundo centro de detención con capacidad para albergar a miles de personas, lo que refuerza la infraestructura destinada a sostener el ritmo de las expulsiones.
En contraste con el tono punitivo de otras iniciativas, Donald Trump reconoció la importancia de los inmigrantes en el trabajo agrícola, aunque sugirió que su permanencia en el país estaría condicionada a intereses específicos del sector, sin descartar la aplicación de otras restricciones.
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