El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la agencia federal que supervisa el sistema de inmigración legal del país, ordenó este viernes a los funcionarios que consideren factores adicionales a la hora de determinar si los inmigrantes que solicitan la ciudadanía estadounidense tienen "buena conducta moral".
Un memorando emitido por USCIS amplía la evaluación del "buen carácter moral", afirmando que dicha determinación debe implicar "algo más que una revisión mecánica superficial centrada en la ausencia de conductas indebidas".
En su lugar, la revisión, según indicó la agencia a sus funcionarios, debe ser "una evaluación holística del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y sus contribuciones positivas que demuestren de manera afirmativa su buen carácter moral".
Aunque demostrar "buena conducta moral" ha sido durante mucho tiempo uno de los requisitos de la ley de inmigración estadounidense y se cumplía si los solicitantes no tenían ninguno de los delitos penales o conductas descalificantes descritos en la ley, la política publicada este viernes establece un estándar más riguroso.
¿Qué se evaluará?
Se evaluará la conducta en su totalidad, incluyendo aspectos positivos y negativos.
Factores positivos considerados:
- Participación y contribuciones en la comunidad.
- Responsabilidades y lazos familiares en EE.UU.
- Nivel educativo.
- Historial de empleo estable y legal.
- Tiempo de residencia legal en el país.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales y financieras.
Mayor escrutinio a conductas negativas:
- Barreras permanentes: asesinato, delitos graves (aggravated felonies), genocidio, tortura o persecución.
- Barreras condicionales: consumo o delitos relacionados con drogas, múltiples condenas por DUI, fraude migratorio, voto ilegal, entre otros.
- También podrán valorarse conductas no necesariamente ilegales pero contrarias a la responsabilidad cívica (ejemplo: infracciones reiteradas de tráfico, hostigamiento, etc.).
Aspectos a considerar
El USCIS también prestará mayor atención a garantizar que los extranjeros que hayan cometido "delitos" se rehabiliten y reformen adecuadamente.
Las pruebas de una rehabilitación "genuina" pueden respaldar una conclusión de buena conducta. Esto incluye, entre otros:
- Regularización de pagos atrasados de manutención infantil u otras obligaciones familiares.
- Cumplimiento de la libertad condicional u otras condiciones impuestas por un tribunal.
- Testimonios comunitarios de fuentes creíbles que den fe de la buena conducta continua del extranjero.
- Reforma o tutoría de personas con un pasado similar.
- Reembolso íntegro de los pagos excesivos de prestaciones como el SSI.
- Pago íntegro de los impuestos atrasados.
Criterio de evaluación
No bastará con demostrar la ausencia de delitos graves; el solicitante deberá probar con evidencias que vive conforme a los valores y normas de la sociedad estadounidense.
El estándar será la “preponderancia de la evidencia”: el solicitante debe corroborar que es más probable que sí cumpla con el requisito de buen carácter moral.
La decisión será caso por caso, bajo la idea de que la ciudadanía implica no solo un derecho, sino un compromiso ético y social.
Requisitos más rigurosos
El gobierno de Estados Unidos está endureciendo los requisitos de naturalización bajo la justificación de "proteger" la seguridad nacional y asegurar la validez del proceso de ciudadanía.
Recientes medidas contribuyen a poder revocar ciudadanía de forma más expedita, incluso sin procesos penales.
A través de nuevas directrices emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ), el gobierno de Trump ha formalizado una estrategia que prioriza los procesos civiles de desnaturalización, revirtiendo décadas de práctica moderada en esta materia.
La política establece diez categorías prioritarias para la revocación, incluyendo vínculos con terrorismo, espionaje, tráfico ilegal, crímenes de guerra y otros delitos graves. Esta medida forma parte de un giro en la política migratoria del gobierno de Trump, intensificando la supervisión y potencialmente creando una ciudadanía de "doble nivel".
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio que ha incluido una orden ejecutiva para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados y la movilización de tropas para perseguir a indocumentados.
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