La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor de la administración de Donald Trump, otorgándole una victoria legal que le permite avanzar en su propuesta para eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, una medida que podría tener profundas implicaciones para millones de personas, especialmente hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
El fallo del tribunal, con una mayoría conservadora, autoriza temporalmente al Ejecutivo a implementar medidas orientadas a restringir este principio constitucional, mientras continúan las disputas judiciales en cortes inferiores. Se trata de un paso clave en la estrategia migratoria de Trump, que desde su primer mandato ha buscado redefinir los términos de quién puede ser considerado ciudadano en Estados Unidos.
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?
Conocida en inglés como jus soli (derecho del suelo), la ciudadanía por nacimiento es un principio jurídico que otorga la nacionalidad automáticamente a toda persona nacida en el territorio de un país, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de sus padres.
En Estados Unidos, este derecho está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Este principio ha sido durante décadas una garantía fundamental para los hijos de inmigrantes, incluidos muchos cubanos, quienes acceden a la ciudadanía estadounidense al nacer, incluso si sus padres no tienen estatus legal.
¿Qué quiere hacer Trump?
La propuesta de Donald Trump busca eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que este derecho ha sido “malinterpretado” y se ha convertido en un “incentivo para la inmigración ilegal”.
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Con el respaldo de sectores conservadores, Trump ha defendido que la ciudadanía solo debe concederse a quienes nazcan de padres ciudadanos o residentes legales. El fallo de hoy habilita temporalmente a su administración para poner en marcha acciones ejecutivas orientadas a este objetivo, mientras se litigan en tribunales federales los desafíos constitucionales.
¿Qué países reconocen la ciudadanía por nacimiento?
El jus soli no es universal. Aunque fue ampliamente adoptado en América en siglos anteriores, hoy solo una minoría de países mantiene este principio sin restricciones.
Países que reconocen la ciudadanía por nacimiento sin condiciones:
- Argentina
- Barbados
- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Fiyi
- Granada
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Jamaica
- Lesoto
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Trinidad y Tobago
- Estados Unidos
- Uruguay
- Venezuela
En Europa, la mayoría de los países no reconocen automáticamente la ciudadanía por nacimiento, sino que aplican el jus sanguinis (derecho de sangre), es decir, la nacionalidad se transmite por los padres, no por el lugar de nacimiento.
¿A quiénes podría afectar?
La eliminación del jus soli en Estados Unidos impactaría directamente a los hijos de inmigrantes en situación irregular, incluidos centenares de familias cubanas, que han recurrido al suelo estadounidense como una vía de escape a la represión política y la precariedad económica del régimen cubano.
La medida podría dejar a miles de menores en un limbo jurídico, sin acceso automático a la ciudadanía ni derechos asociados, como atención médica, educación o protección legal.
Reacciones y próximos pasos
Diversas organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han calificado el fallo como una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley. Grupos como ACLU y Human Rights Watch han prometido continuar la batalla legal.
Por su parte, desde sectores afines a Trump se celebra la decisión como un avance hacia “recuperar el control migratorio” y evitar “abusos del sistema”.
La controversia apenas comienza. Aunque la Corte Suprema ha dado luz verde temporal, el fondo del caso aún deberá resolverse en tribunales federales inferiores, lo que augura una nueva temporada de tensiones jurídicas y políticas en plena campaña electoral.
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