Una corte federal de apelaciones dictó este miércoles un fallo decisivo contra la orden ejecutiva emitida por Trump que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con estatus migratorio temporal.
Se trata de la primera vez que un tribunal de apelaciones declara formalmente que esta orden es “inconstitucional”, respaldando así los bloqueos previamente emitidos por tribunales de menor instancia, y dejando el camino allanado para un posible pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, fue aprobado por mayoría de 2-1.
Los jueces Ronald Gould y Michael Hawkins, ambos designados por el expresidente Bill Clinton, coincidieron en que “el tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, según destacan agencias y medios estadounidenses.
Este fallo reafirma la medida cautelar emitida anteriormente por el juez federal John Coughenour, en Seattle, quien a finales de enero había bloqueado de forma nacional la aplicación del decreto de Trump.
En su resolución, Coughenour argumentó que la medida era “abiertamente inconstitucional”.
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Contexto constitucional
La orden de Trump, firmada en su segundo día de mandato, intentaba reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1868, la cual establece que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”.
A través de su decreto, Trump pretendía eliminar este derecho para hijos de personas sin estatus migratorio legal, lo que fue considerado una violación directa de la cláusula constitucional de ciudadanía.
Los jueces del Noveno Circuito citaron, además, el precedente del caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898), en el cual la Corte Suprema ya había confirmado el principio del derecho de nacimiento como vía legítima para la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de los padres.
Argumentos de los estados demandantes
La demanda que desencadenó esta última decisión fue presentada por cuatro estados con gobiernos demócratas: Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
Estos estados argumentaron que una implementación de la orden ejecutiva de Trump les causaría “daños irreparables”, tanto económicos como administrativos.
Según se detalla en el fallo, “a los estados se les negarán los reembolsos federales por la atención médica y los servicios sociales prestados a niños que ya no serían considerados ciudadanos según la Orden Ejecutiva, y que incurrirán en costos administrativos sustanciales asociados con el cumplimiento de dicha Orden”.
Además, el tribunal consideró que una medida cautelar limitada territorialmente no brindaría un alivio completo a los estados demandantes, ya que se verían obligados a rediseñar sus sistemas de verificación de elegibilidad para servicios sociales.
Por ello, se concluyó que “una orden judicial preliminar universal es necesaria para proporcionar a los estados un alivio completo”.
Disenso parcial y perspectivas
El juez Patrick Bumatay, designado por el propio Trump, emitió una opinión disidente en parte.
En su análisis, cuestionó la legitimación legal de los estados para presentar la demanda, y consideró “prematuro abordar el fondo de la cuestión de la ciudadanía o el alcance de la medida cautelar", según dio a conocer CNN.
No obstante, la mayoría consideró que el riesgo de afectaciones a la estructura constitucional y los derechos de los nacidos en territorio estadounidense era suficiente para justificar la intervención judicial.
Este fallo, aunque definitivo en el marco del Noveno Circuito, podría no ser el último capítulo de esta batalla judicial: la administración Trump aún podría apelar ante el pleno del Noveno Circuito o llevar el caso directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Precedente y señales del Supremo
La decisión de este miércoles se produce en un contexto en el que la Corte Suprema ha emitido señales contradictorias.
A finales de junio, el máximo tribunal del país limitó el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de los jueces federales.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aplicar estas medidas en el caso de demandas colectivas o litigios impulsados por gobiernos estatales, como este, según apunta hoy la agencia EFE.
De hecho, además del fallo del Noveno Circuito, un juez federal en Nueva Hampshire también había emitido anteriormente una medida cautelar que bloqueaba la aplicación del decreto de Trump a escala nacional, en una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La decisión del Noveno Circuito representa un revés judicial contundente para el expresidente Trump y su intento de redefinir uno de los pilares del derecho constitucional estadounidense.
También marca una victoria legal significativa para los estados que defendieron la ciudadanía por nacimiento como un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
Será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del intento de Trump por reescribir las reglas de la ciudadanía por nacimiento.
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