El nuevo ajuste previsto por el costo de vida de la Seguridad Social (COLA) para 2026 subió hasta el 2,7 %, ligeramente por encima de la previsión anterior del 2,4 %, que habría sido el menor incremento desde 2021.
De acuerdo con los medios de prensa estadounidenses, aunque este modesto aumento es una buena noticia para las personas mayores que dependen de los pagos de la Seguridad Social, seguirá estando muy por debajo de lo que muchos necesitan para hacer frente a sus gastos.
Para los millones de adultos mayores que viven con ingresos fijos, incluso un pequeño cambio en las expectativas de la Seguridad Social puede tener grandes consecuencias, especialmente dado que los costos de la vivienda siguen aumentando.
La Liga de Ciudadanos Mayores advierte que desde 2010 los beneficiarios han perdido más de un 20 % de su capacidad de compra.
Esto se debe a que el cálculo se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), que refleja los gastos de trabajadores en activo y no los patrones de consumo de los jubilados.
Los mayores incrementos en el costo de la vida afectan especialmente a este grupo. Solo en el primer semestre de 2025, la vivienda aumentó un 3,9 % y los costos de atención sanitaria un 2,8 %, cifras que superan el 2,5 % de incremento registrado por el IPC-W.
Esta diferencia explica por qué el alza proyectada para 2026 será insuficiente.
El problema se ha visto agravado por la falta de precisión en los datos, derivada de la congelación de contrataciones en agencias federales durante la administración Trump, lo que impactó la calidad de las estadísticas.
Algunos legisladores han propuesto reemplazar el IPC-W por un índice que refleje mejor los gastos reales de los jubilados, con énfasis en vivienda y salud, pero hasta ahora no se ha concretado una reforma.
Mientras tanto, muchos mayores siguen dependiendo de subsidios, ayudas estatales o sus propios ahorros para cubrir necesidades básicas.
La pasada semana, la administración Trump anunció que se prepara para un cambio normativo que recortaría o eliminaría el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) a casi 400,000 personas en Estados Unidos.
Los afectados serán, sobre todo, adultos mayores de bajos ingresos, personas con discapacidad grave -incluidos niños- y personas ciegas, que dependen de ese pago mensual para cubrir lo más esencial: alquiler, comida, ropa o medicinas.
En un estado como Florida, donde el precio medio de un alquiler supera los ingresos de muchos beneficiarios, esa medida podría significar tener que elegir entre pagar el techo, la comida o las medicinas.
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