El régimen cubano admitió que la sequía ha provocado un aumento de delitos relacionados con el agua, como el robo y los desvíos de este recurso, lo que ha afectado a comunidades enteras.
La revelación llegó a través de publicaciones recientes en Facebook del perfil vocero oficialista llamado “Claridad Tunera”, que detalló inspecciones en la localidad de Omaja, en Las Tunas, donde se detectaron conexiones ilegales a la red de abasto en viviendas particulares, suministro irregular a ganado estatal, lagunas y hasta a la UBPC “Waldemar Díaz”.
De acuerdo con esas fuentes, inspectores de Acueducto, junto a autoridades gubernamentales y el Ministerio del Interior, impusieron multas e iniciaron procesos para el restablecimiento de la “legalidad”.
El texto oficial también reconoció que la prolongada sequía ha creado “un creciente incremento de comunidades con suelos muy secos y pocas precipitaciones”, obligando a adoptar medidas urgentes para garantizar el abasto.
El propio perfil vocero del régimen recordó en otra publicación que el Código Penal vigente (Ley 151 de 2022) tipifica como delito la sustracción de electricidad, gas, agua o fuerza, con sanciones de hasta un año de privación de libertad o multas de entre 100 y 300 cuotas, dependiendo de los daños sociales causados.
“Estas últimas pueden ir desde cuotas de 2 hasta los 20 en dependencia de la afectación social o daño causado”, recalcó.
Mientras la narrativa oficial insiste en la responsabilidad individual y en “ahorrar” el líquido, la crisis del agua refleja la incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio estable en medio de una sequía prolongada y un sistema de redes en franco deterioro.
La escasez de agua se ha vuelto una constante en distintas provincias cubanas, donde las condiciones del sistema de abasto agravan aún más el panorama.
En Sancti Spíritus, por ejemplo, vecinos denunciaron que el suministro llegó con larvas, obligándolos a filtrar el líquido para evitar afectaciones a la salud. Las quejas se acumulan ante la falta de soluciones efectivas.
De igual forma, en medio de la sequía extrema, el sistema de abasto de agua de Santiago de Cuba muestra un colapso técnico generalizado, incapaz de sostener la demanda básica de la población.
El deterioro de las redes hidráulicas, la pérdida de agua por fugas y las interrupciones constantes han convertido el acceso al agua en un privilegio limitado.
Por su parte, en Guantánamo la situación no es mejor. La sequía ha dejado al principal embalse en niveles críticos, lo que compromete el suministro para miles de personas.
Las autoridades reconocen que muchas fuentes de abasto están agotadas y que las medidas paliativas no alcanzan para revertir la situación.
La provincia de Holguín padece el impacto combinado de la sequía y los apagones ha interrumpido gravemente el bombeo. Los cortes eléctricos impiden operar los sistemas hidráulicos, lo que deja a numerosas comunidades sin acceso regular al agua.
La dependencia de un sistema energético colapsado solo agudiza el problema del desabastecimiento.
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