El régimen cubano insiste en que la criminalidad va en descenso, pero las cifras lo contradicen. Así lo confirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el pasado 31 de julio durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, donde aseguró que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados”
Sin embargo, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reportó 1,319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, casi cinco veces más que en igual periodo de 2023 y más que en todo 2024, lo que equivale a 7,3 crímenes diarios, un récord histórico que refleja la escalada delictiva y la diversificación de tipologías criminales en la isla
Entre los principales resultados destacan 721 robos, incluyendo 193 de hurto y sacrificio de ganado que confirman la relación directa entre la crisis alimentaria y la criminalidad, además se documentaron 63 asesinatos con víctimas que incluyen mujeres, menores y ancianos, de los cuales 16 fueron feminicidios.
A esto se suman 99 casos de asaltos y agresiones con mayor incidencia en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, junto a 198 reportes de tráfico de drogas, más de la mitad concentrados en la capital, y que por primera vez se incorporan como categoría independiente debido al crecimiento notable de este fenómeno, y finalmente 238 delitos diversos entre vandalismo, portación ilegal de armas y contrabando
En total 1,588 personas participaron en estos crímenes, de las cuales el 90 por ciento eran hombres, mientras las víctimas abarcan a hombres, mujeres, niños y ancianos, lo que confirma un impacto transversal de la violencia
El informe señala como factores de riesgo la creciente disponibilidad de armas de fuego con al menos 35 casos documentados, la expansión del narcotráfico con tendencia a consolidarse en redes urbanas y los delitos contra la propiedad y el ganado que se incrementan a causa de la escasez de alimentos y el colapso económico
El OCAC sostiene que la crisis de inseguridad en Cuba no puede separarse de la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior y la realidad criminal.
La delincuencia común se expande mientras la policía concentra sus recursos en vigilar a la disidencia política y reprimir protestas ciudadanas, subordinada a los intereses de la élite militar empresarial de GAESA, lo que convierte a las fuerzas de seguridad en un brazo mafioso más que en un garante de la tranquilidad pública.
La reciente filtración de cuentas millonarias de GAESA en paraísos fiscales citada en el informe ilustra cómo la cúpula preserva sus privilegios mientras la ciudadanía queda atrapada en una doble inseguridad, la del delincuente común y la del propio aparato represivo
El panorama contradice las declaraciones de Marrero sobre una supuesta reducción de la criminalidad. Por el contrario, los datos muestran un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana, con delitos cada vez más violentos y la expansión del narcotráfico.
A esto se suma la profundización de factores sociales y económicos que alimentan la criminalidad, en un contexto donde el Estado prioriza la represión política para su propia supervivencia y no la seguridad real del pueblo cubano.
El discurso oficial sobre la delincuencia en Cuba ha sido contradictorio y cambiante. A comienzos de 2024, el régimen llegó a negar públicamente que existiera un repunte en los delitos, pese a la creciente ola de robos y asesinatos reportados por la ciudadanía.
Sin embargo, apenas unos meses después, las propias autoridades tuvieron que admitir lo evidente: la violencia iba en ascenso e incluso con uso de armas de fuego.
En junio, el gobierno reconoció que los crímenes se incrementaban e incluían armamento ilegal, un hecho que marcó un giro en la narrativa oficial.
Poco después, Díaz-Canel reconoció personalmente no solo el crecimiento de la delincuencia, sino también de las adicciones, vinculando ambos fenómenos al deterioro social del país.
No obstante, el intento de maquillar la crisis regresó en octubre, cuando se aseguró que la delincuencia estaba decreciendo, en abierta contradicción con la percepción ciudadana y con los propios reportes de prensa independiente.
Finalmente, a finales de diciembre, el Ejecutivo tuvo que admitir que los niveles de criminalidad seguían siendo elevados, aunque intentó relativizar la magnitud del problema.
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