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Cinco directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus fueron sancionados por delitos de negligencia y malversación que provocaron pérdidas superiores a 97 millones de pesos, en un proceso judicial que ha puesto en evidencia la falta de control y el impacto de la corrupción en entidades estatales claves para la economía cubana.
Según informó este miércoles el periódico oficialista Escambray, la Causa No. 64 de 2025 se ventiló en juicio oral y público los días 22 y 23 de agosto en la Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus.
Durante las audiencias se revelaron hechos ocurridos entre 2023 y 2024 que involucraron tanto negligencia en la gestión de recursos como contratos irregulares con actores externos, ocasionando daños millonarios a la empresa.
Uno de los episodios más llamativos estuvo relacionado con la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna de los trabajadores, ubicada en el almacén de insumos de la UEB Comercializadora y Servicios.
En dos ocasiones, la cámara sufrió desperfectos mecánicos que impidieron mantener la refrigeración necesaria.
Los directivos, aun conociendo la gravedad del problema, no implementaron alternativas eficaces para salvar grandes cantidades de salami, sardinas, masas de hamburguesa, picadillo de res y de cerdo, así como minutas de pescado.
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El resultado fue la descomposición de toneladas de alimentos, con una pérdida superior a los tres millones de pesos.
El caso de mayor peso económico estuvo vinculado a las operaciones con un supuesto trabajador por cuenta propia, quien se presentó como representante de un Proyecto de Desarrollo Local.
Pese a la norma que exige el pago inmediato de las mercancías, los funcionarios le entregaron en varias ocasiones insumos sin desembolso alguno, confiando en que con estas operaciones podrían mejorar los ingresos de la entidad y garantizar el pago a los trabajadores.
La realidad fue distinta: el individuo se apropió de productos por más de 94 millones de pesos y abandonó el país, lo que hizo imposible recuperar el dinero.
El Tribunal Provincial Popular consideró probados los delitos de Incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas y de Malversación, en los que resultaron implicados tanto exdirectivos generales como el director de la UEB Comercializadora y su asesor jurídico.
Las sanciones dictadas fueron ejemplarizantes: la exdirectora general, que ocupó el cargo hasta abril de 2024, recibió 20 años de privación de libertad en sanción conjunta y única; el director de la UEB Comercializadora fue condenado a 18 años; el director comercial, a 16; y el asesor jurídico, a 10.
El anterior director general, que estuvo al frente en 2023, fue sentenciado a dos años y seis meses de privación de libertad, sustituida por trabajo correccional con internamiento.
A todos los sancionados se les impusieron además medidas accesorias: privación de derechos, prohibición de salida del país y de emisión de pasaporte, así como limitación para ocupar cargos similares en el futuro.
En el ámbito civil, fueron obligados a resarcir de manera conjunta las pérdidas ocasionadas a la Empresa de Suministros Agropecuarios, en correspondencia con sus responsabilidades.
La sentencia, que no es firme, puede ser apelada ante el Tribunal Supremo Popular, aunque refleja la gravedad de los hechos y la voluntad de las autoridades de enviar un mensaje de advertencia.
En medio de una profunda crisis económica y de abastecimiento en Cuba, este proceso judicial deja al descubierto cómo malas decisiones administrativas, sumadas a la corrupción, pueden costar millones al erario público y profundizar aún más las carencias de la sociedad.
El reciente proceso contra cinco directivos en Sancti Spíritus, acusados de negligencia y malversación por pérdidas millonarias, se suma a una larga cadena de episodios que exponen la magnitud de la corrupción en Cuba y sus efectos en la vida cotidiana.
Apenas semanas antes, se reveló que GAESA acumulaba deudas por más de 18.000 millones de dólares, una muestra del descontrol financiero en el entramado estatal.
El deterioro institucional también se ha reflejado en los tribunales, donde dos exfuncionarias de Vivienda fueron sancionadas por delitos asociados a la gestión de recursos.
Casos como estos ponen en evidencia no solo la corrupción de altos niveles, sino también la penetración de prácticas ilegales en organismos encargados de atender necesidades básicas de la población.
Mientras tanto, en las calles afloran las consecuencias de la crisis y la falta de control estatal. La venta clandestina de periódicos en Matanzas reveló cómo los ciudadanos buscan alternativas para acceder a información, en un mercado informal que crece al calor de las carencias oficiales.
De igual modo, en La Habana un chofer de ómnibus estatal fue sorprendido cobrando 100 CUP por pasajero, reflejando la extensión de la corrupción a los servicios más elementales.
En conjunto, estos hechos dibujan un panorama en el que el desfalco, la impunidad y la economía sumergida se entrelazan, debilitando aún más la confianza ciudadana y profundizando la precariedad en sectores esenciales para la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre sanciones por corrupción en Cuba
¿Por qué fueron sancionados los funcionarios de Sancti Spíritus?
Cinco directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus fueron sancionados por negligencia y malversación, lo que causó pérdidas superiores a 97 millones de pesos. El caso se destacó por la falta de control y corrupción en entidades estatales cruciales para la economía cubana.
¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de las negligencias en Sancti Spíritus?
Las negligencias y contratos irregulares con actores externos en Sancti Spíritus provocaron pérdidas superiores a 97 millones de pesos debido a la descomposición de alimentos y la entrega de insumos sin pago a un supuesto trabajador por cuenta propia, quien se apropió de productos y abandonó el país.
¿Qué sanciones recibieron los implicados en el caso de Sancti Spíritus?
Los implicados en el caso de Sancti Spíritus recibieron penas de prisión de hasta 20 años, además de la prohibición de salida del país y limitaciones para ocupar cargos similares en el futuro. También fueron obligados a resarcir las pérdidas ocasionadas a la empresa.
¿Cómo se compara este caso con otros juicios ejemplarizantes en Cuba?
Este caso se enmarca en una serie de juicios ejemplarizantes en Cuba, que buscan enviar un mensaje de advertencia a la población. Sin embargo, estos juicios también reflejan problemas estructurales en el país, como la corrupción y una economía en crisis, que no se abordan con castigos severos.
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