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El economista Joel Ernesto Marill, especialista en Políticas Económicas en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), se sumó al susurro del régimen en redes sociales para cuestionar la investigación del Miami Herald que reveló la existencia de 18,000 millones de dólares en activos corrientes controlados por el conglomerado militar GAESA.
En un extenso post de Facebook, Marill aseguró no saber si el diario estadounidense tuvo acceso a estados financieros reales, pero de inmediato lanzó una batería de argumentos para sembrar dudas sobre la veracidad de los datos.
El funcionario sostuvo que las cifras “tienen muchos indicios de una enorme manipulación” y apoyó su tesis en tres puntos: una supuesta incoherencia con las cuentas nacionales, el carácter “inexplicable” de ciertos problemas operativos de empresas de GAESA si tuvieran tanta liquidez, y la interpretación de los balances según las normas contables cubanas.
Inconsistencias y contradicciones
El primer punto de Marill resultó un ejercicio de comparación en el que mezcló magnitudes incomparables. Afirmó que las ventas netas en divisas reportadas para 2023 —más de 17,000 millones de dólares— equivaldrían al 70 % del PIB en dólares y serían muy superiores al total de exportaciones del país.
Sin embargo, omitió que GAESA no es solo un actor exportador: controla sectores internos dolarizados (turismo, remesas, comercio minorista en divisas, telecomunicaciones) que generan ingresos fuera de las estadísticas de comercio exterior. Es decir, comparó peras con manzanas para invalidar la cifra desvelada por el Herald.
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En su segundo punto, presentó como “prueba” contra la veracidad de los datos el deterioro de la oferta turística y el desabastecimiento en las tiendas de GAESA, asumiendo que disponer de liquidez implica necesariamente reinvertir en calidad o inventario.
En ese sentido, ignoró deliberadamente que las prioridades de inversión de un conglomerado opaco y politizado pueden no coincidir con la lógica empresarial clásica: la acumulación de reservas para objetivos estratégicos o políticos es perfectamente compatible con el deterioro de servicios al consumidor.
Su tercer argumento recurrió a un tecnicismo contable: según las normas cubanas, las cifras en dólares de un balance se expresan al tipo de cambio oficial en pesos cubanos, lo que reduciría drásticamente el monto real. "18,000 millones en ventas en dólares en un estado financiero cubano es en la práctica, cerca de 750 millones de dólares", aseguró.
Pero este planteo pasa por alto que el Herald citó cifras en dólares tal y como aparecen en los documentos filtrados, y que la conversión interna para efectos contables no cambia la magnitud de los saldos reales en divisas.
Falacias y omisiones
En todo su texto, Marill eludió un proceder clave: no ofreció evidencia que desmentiera los documentos filtrados. Sus críticas se apoyaron en suposiciones y en una defensa implícita de la opacidad institucional que impide a los ciudadanos acceder a la información primaria.
Marill acusó a otros economistas de no hacer un “mínimo análisis crítico”, pero él mismo partió de la premisa —no demostrada— de que las cifras no pueden ser ciertas.
Además, incurrió en una falacia de motivación política: redujo las denuncias sobre GAESA a una “leyenda negra” diseñada para dividir a la "izquierda cubana" (sea eso lo que sea) y beneficiar a la “contrarrevolución”, desviando el debate del terreno económico al ideológico, buscando descalificar por origen en lugar de refutar con datos.
El papel del subordinado
Como funcionario del MEP, Marill escribió desde una posición de subordinación dentro de la estructura estatal que protege a GAESA de cualquier escrutinio. No cuestionó la falta de auditorías, la ausencia de rendición de cuentas ni el hecho —públicamente comprobable— de que el conglomerado militar maneja sectores estratégicos sin supervisión civil.
Su defensa del statu quo no sorprende: el régimen utiliza a técnicos y especialistas como peones discursivos para legitimar decisiones y realidades que no admiten debate abierto.
En la práctica, su intervención cumplió la función política de blindar a GAESA frente a la presión internacional y a las críticas internas, reencuadrando la discusión como un ataque externo más que como una denuncia de opacidad y concentración de recursos.
Estrategia repetida y delegación calculada
El post de Marill no es un hecho aislado. Forma parte de una respuesta no oficial y fragmentada en la que el régimen ha preferido delegar en funcionarios de segunda línea lo que, por la magnitud de la denuncia, deberían haber contestado sus principales dirigentes.
Lo mismo ocurrió con Rodney González Maestrey, director de Asuntos Legales y Análisis del MINREX, quien reaccionó no al Miami Herald, sino al periodista independiente Mario J. Pentón, que había comentado la investigación, desviando el debate hacia ataques personales y narrativas sobre el embargo.
En ambos casos, la estructura del mensaje ha sido idéntica:
- No se niegan ni confirman los datos filtrados.
- Se cuestiona la coherencia o la motivación de la denuncia.
- Se introduce un elemento ideológico (“ataque de la extrema derecha” o “campaña contrarrevolucionaria”) para desacreditar a las fuentes.
- Se elude cualquier referencia a la obligación de GAESA de rendir cuentas a la ciudadanía o de explicar el uso de sus reservas.
Este patrón revela una estrategia deliberada de blindaje: evitar que figuras como Miguel Díaz-Canel, Bruno Rodríguez Parrilla, Manuel Marrero Cruz o los máximos mandos militares queden vinculados directamente a una respuesta que, por falta de transparencia, no podrían sostener con datos verificables, y que expondría el entramado de corrupción que rodea al núcleo de poder del régimen castrista.
En su lugar, se activa una red de voceros subordinados —funcionarios técnicos, asesores y directivos de nivel medio— para ocupar el espacio discursivo y sembrar dudas. Con esta táctica, el régimen gana tiempo, reduce el costo político de posibles contradicciones y mantiene el silencio en la cúpula, mientras se reconfigura el relato oficial.
Pero también deja en evidencia que no hay voluntad ni argumentos para enfrentar el fondo del asunto: que un conglomerado militar maneja miles de millones de dólares sin supervisión civil, en un país sumido en una crisis humanitaria.
El mensaje implícito es claro: la opacidad es política de Estado, y la defensa de GAESA es una línea roja que, por el momento, los máximos dirigentes prefieren no cruzar en público. Para quedar en ridículo, el régimen prefiere mover a sus peones.
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