La comunidad de Micro 9, en el Distrito José Martí, amaneció conmocionada tras conocerse la muerte de Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa, conocido como “Pocholo”, quien se encontraba recluido en el campamento penitenciario Bungo 8.
Según reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales, las autoridades aseguran que se quitó la vida, pero familiares y vecinos cuestionan esta versión y denuncian irregularidades en el caso.
De acuerdo con el testimonio de allegados, el recluso había estado de pase por buen comportamiento hacía pocos meses y se mostraba esperanzado con reencontrarse con su familia el próximo 5 de septiembre, fecha en que su hija cumpliría 15 años. Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó en tragedia.
El cuerpo de Figueroa Mesa, señalan los familiares, presentaba múltiples moretones, lo que contradice la versión oficial del suicidio. Además, en la funeraria no había custodia ni guardias que ofrecieran explicaciones, lo que aumenta las sospechas de encubrimiento.
“Queremos que las autoridades nos den la cara. Era un preso, pero no era un perro”, expresaron a Mayeta los familiares, quienes exigen justicia y transparencia.
El sepelio de “Pocholo” se realiza esta tarde de miércoles en su comunidad. Vecinos y amigos insisten en que la Fiscalía y el Partido en Santiago de Cuba deben abrir una investigación inmediata y exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte.
“Aún estamos aquí en la funeraria y no ha llegado nadie a dar una explicación, la familia fue a la fiscalía y nada, hasta cuándo hay que aguantar este tipo de cosas. Fue un asesinato no un suicidio y las pruebas están evidentes en su cuerpo”, reclamaron los presentes.
Tan solo en julio, las prisiones cubanas acumularon 91 denuncias relacionadas con personas encarceladas, de las cuales 68 implicaron violaciones de derechos y dos terminaron en muertes, un saldo que expone un deterioro constante en un sistema penitenciario señalado por represión y abandono institucional.
El informe mensual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en México, documentó 77 denuncias desde cárceles y centros de detención en todo el país.
Las violaciones documentadas afectaron a 51 prisioneros —10 mujeres y 41 hombres— y ocho denuncias tuvieron alcance colectivo.
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