La familia de Rogelio Lázaro González Moya, un cubano de 26 años con estatus migratorio I-220A, denuncia que el joven permanece detenido por las autoridades de inmigración en Estados Unidos desde hace 77 días sin recibir una respuesta clara sobre su caso, según reportó Telemundo 51.
Rogelio fue arrestado el pasado 23 de junio, justo después de salir de su primera audiencia en una corte de inmigración en Miami. Aunque su proceso legal fue desestimado en ese momento, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron y trasladaron a un centro de detención.
Desde entonces, ha pasado por instalaciones en Miami, Texas y Arizona, hasta quedar recluido en el centro de detención de Eloy, en Arizona.
Su familia asegura que durante los traslados el joven fue sometido a condiciones precarias como encadenamiento durante horas en autobuses y aviones, sin acceso a agua ni alimentos adecuados.
También denuncian que estuvo varios días en los llamados “congeladores”, celdas extremadamente frías y sin colchonetas, donde la alimentación era insuficiente.
“Él está desesperado, sin poder defender su caso, sin entrevista de miedo creíble y tratado como si fuera un delincuente, cuando no lo es”, declaró a Telemundo 51 su cuñado Jorge Tirado Bientz.
El joven llegó a Estados Unidos en agosto de 2022 y desde entonces se integró a la comunidad de Miami, donde trabajaba como técnico en optometría en una clínica. La familia subraya que no tiene antecedentes penales y que cumplió con todas sus obligaciones, incluido el pago de impuestos.
Su hermana, Iriatna Miranda Moya, asegura que la familia vive una “pesadilla”: “Estamos con las manos atadas, no sabemos qué va a pasar ni cuánto tiempo más estará detenido. Rogelio no es un criminal, él trabajaba y pagaba impuestos”, expresó en declaraciones recogidas por el medio.
La abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó que las demoras en estos procesos se han vuelto frecuentes. “Lo que estamos viendo es, a lo mejor, una de las tácticas que usan para que las personas pierdan la paciencia y acepten ser deportadas”.
Recordó que los portadores de I-220A tienen derecho a pedir una entrevista de miedo creíble y contar con representación legal.
La familia teme que, en caso de ser deportado a Cuba, Rogelio enfrente represalias y limitaciones profesionales debido a su trayectoria en el sector médico antes de emigrar.
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