Más de treinta organizaciones independientes cubanas, dentro y fuera de la isla, enviaron el 17 de septiembre una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) solicitando una revisión urgente del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba.
La misiva fue una respuesta a la comunicación oficial del SEAE del 24 de julio de 2025, que defendía la continuidad del acuerdo vigente.
La activista Carolina Barrero explicó en redes sociales que “una parte significativa de estas organizaciones se encuentra dentro de Cuba, trabajando en condiciones extremas de riesgo y persecución”.
Otras, señaló, están radicadas en Europa, Estados Unidos, Canadá, México y América Latina, lo que representa “un amplio y significativo consenso que las autoridades europeas no deberían ignorar”.
Críticas al ADPC y exigencias de cambio
Las organizaciones firmantes aseguran que, tras casi una década de implementación, el ADPC “no ha generado avances sustantivos en democracia ni en derechos humanos”, y que en la práctica “ha servido para legitimar diplomáticamente al régimen cubano”.
El documento propone sustituir el actual acuerdo por una política renovada que “establezca parámetros claros, verificables y vinculantes de condicionalidad democrática”, y exige que se reconozca oficialmente a los presos políticos, evitando el uso de términos como “detenidos”, que “invisibiliza la naturaleza política de su encarcelamiento”.
Condicionalidad, sanciones y trazabilidad de fondos
Entre los puntos centrales de la carta se solicita que la nueva política garantice:
1. La participación oficial de la sociedad civil cubana independiente.
2. Sanciones individuales bajo la Ley Magnitsky a los responsables de violaciones de derechos humanos.
3. Mecanismos de trazabilidad y control de los fondos europeos para asegurar que lleguen a quienes los necesitan.
“El uso de expresiones ambiguas como ‘detenidos’ corre el riesgo de convalidar el discurso oficial del régimen”, señala la misiva.
Complicidad con Rusia y petición de reunión
La carta también advierte sobre “la complicidad activa del Estado cubano con la agresión rusa contra Ucrania”, incluyendo el presunto traslado de más de 7.000 cubanos como combatientes.
Finalmente, las organizaciones solicitaron una reunión presencial en Bruselas con representantes del SEAE antes del próximo Consejo Conjunto UE–Cuba, para debatir estas propuestas y “garantizar una política coherente con los valores democráticos de la Unión Europea”.
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