El número de detenidos en Gibara, Holguín, tras las protestas del pasado 13 de septiembre, aumentó a 27 personas, según confirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
De los detenidos, cuatro continúan encarcelados, mientras que el resto fue liberado bajo fianza, pero permanece bajo estricta vigilancia. Las protestas estallaron tras varios días de apagones y falta de agua en la localidad de El Güirito, en Gibara, informó la entidad en Facebook.
“Gibara está bajo terror”, alertó el OCDH, y denunció el ambiente represivo impuesto tras la manifestación pacífica.
Dijo que el operativo estuvo encabezado por el capitán Diosmel (alias Julio), un oficial de unos 30 años, conocido por aplicar estrategias de control y miedo en la zona.
El régimen ha intentado minimizar lo ocurrido. El diario oficial Granma aseguró que “no hubo hechos violentos” y que el conflicto fue resuelto mediante un “diálogo franco” con la población.
Sin embargo, videos y testimonios contradicen esa versión y muestran cómo la Policía Nacional Revolucionaria arrestó a manifestantes durante la madrugada.
Al menos siete personas habían sido identificadas previamente como detenidas, entre ellas Pedro José (“Porrón”), Raymundo Galbán (“El Chino”), Dairán Bermúdez (“Chelli”) y Suleidi Aballe.
El programa Con Filo y voceros del régimen, como Michel Torres Corona, replicaron el discurso oficial, negando la represión y atribuyendo la calma a la “moral revolucionaria” de los dirigentes del Partido Comunista.
Sin embargo, otras voces como la del periodista independiente José Raúl Gallego denunciaron en redes sociales que los medios oficialistas mienten de forma deliberada.
“Esto no es periodismo, es propaganda”, escribió Gallego, señalando que la represión quedó documentada en numerosos videos y relatos ciudadanos.
Vecinos explicaron que la protesta surgió tras más de 24 horas sin electricidad, lo que también afectó el acceso al agua. Cacerolazos y gritos de “¡Queremos corriente y agua!” resonaron en las calles de Gibara, reflejo del hartazgo popular frente a la crisis generalizada.
El proyecto Represores Cubanos identificó a dos informantes del Departamento de la Seguridad del Estado: Wilder César Tejeda Ruiz y Adrián Pupo Cuesta (alias “El Mocho”), acusados de grabar a los manifestantes y entregar las imágenes que facilitaron posteriores detenciones.
La represión en Gibara se inscribe en una estrategia represiva más amplia. Un día antes, el régimen había iniciado juicio contra 16 manifestantes de Bayamo por hechos ocurridos en 2024, acusándolos de “desórdenes públicos” y “desacato”.
“Niegan la represión en Gibara mientras encarcelan a sus vecinos y enjuician a otros por protestar en Bayamo. Esa es la estrategia: negar con propaganda lo que en la práctica es represión”, denunció Gallego.
Las protestas en Gibara son una nueva señal del hartazgo acumulado en Cuba. Apagones interminables, escasez de alimentos, falta de medicinas y agua empujan a la población a las calles, a pesar del riesgo de ir a prisión.
“En el único país donde detienen a alguien por decir que tiene hambre es en Cuba”, escribió un usuario en redes sociales. Otro resumió el sentir de muchos: “No son delincuentes, solo piden lo que necesitamos todos: luz, agua y comida”.
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