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El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incorporó a dos ciudadanos de Holguín a su lista de colaboradores de la Policía Política, tras ser acusados de grabar y delatar a manifestantes que salieron a las calles en el municipio de Gibara la noche del 13 de septiembre.
Los señalados son Adrián Pupo Cuesta, alias “El Mocho”, y Wilder César Tejeda Ruiz, quienes, según denuncias, utilizaron sus teléfonos celulares para registrar a vecinos durante la protesta pacífica contra los apagones y posteriormente entregaron ese material al Departamento de Seguridad del Estado (DSE).
Detenciones tras la protesta
Como consecuencia directa de esas delaciones, al menos siete gibareños fueron arrestados en la madrugada del 14 de septiembre.
Entre los detenidos han trascendido los nombres de Dairan Bermúdez Batista (“Chelli”), Reymundo Galbán Claro (“El Chino”) y Pedro José (“Porrón”), mientras familiares denuncian que otros jóvenes permanecen incomunicados.
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Los hechos tuvieron lugar luego de que decenas de vecinos de la localidad de Güirito, en Gibara, se lanzaran a las calles con cazuelas, linternas y consignas para exigir electricidad, alimentos y libertad, tras más de 24 horas sin servicio eléctrico.
La protesta fue documentada en videos que circularon ampliamente en redes sociales y que mostraron a hombres y mujeres golpeando cazuelas y gritando “¡Queremos corriente y agua!”.
La versión oficial
Medios oficialistas como Realidades desde Holguín y el canal Gibaravisión intentaron minimizar el alcance de la protesta, asegurando que la manifestación se desarrolló en un ambiente de “empatía y respeto”, que las autoridades locales acudieron al lugar para dialogar con la población y que los vecinos regresaron a sus hogares de manera pacífica.
Sin embargo, pocas horas después comenzaron a circular imágenes de patrullas recorriendo las calles de Gibara y de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestando a ciudadanos, lo que contradijo el relato gubernamental. Activistas describieron la operación como una “cacería” contra los manifestantes.
El papel de los informantes
El proyecto represorescubanos.com, que investiga y expone a responsables de la represión en la isla, señaló que Pupo Cuesta y Tejeda Ruiz son parte del engranaje de vigilancia y delación que emplea el régimen cubano para sofocar expresiones ciudadanas legítimas.
“Estos colaboradores de bajo perfil ponen en riesgo la seguridad de sus propios vecinos y actúan como cómplices abyectos de un sistema que niega derechos básicos a la población”, indica la FDHC en su denuncia.
La organización advirtió que continuarán documentando casos similares y advirtió a los informantes que podrían enfrentar consecuencias internacionales como la negación de visas o el envío de remesas.
Contexto nacional
La manifestación en Gibara se produjo apenas tres días después de un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional, provocado por la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que ocasionó el quinto apagón general en menos de un año.
La crisis energética ha intensificado el malestar social en toda Cuba. La falta de electricidad afecta directamente el suministro de agua y el funcionamiento de hospitales, mientras la población enfrenta escasez de alimentos y medicinas.
Las protestas de septiembre en Gibara se suman a otras expresiones de descontento registradas en los últimos meses en varias provincias del país. Aunque el gobierno insiste en que se trata de incidentes aislados, el aumento de manifestaciones revela un creciente hartazgo ciudadano.
Una advertencia a los informantes
La FDHC concluyó su denuncia instando a los colaboradores del DSE a abandonar esa labor de vigilancia: “Les recordamos que sus víctimas y familiares los conocen bien, y que sus acciones conllevan una responsabilidad penal perdurable”.
Mientras tanto, los habitantes de Gibara continúan demandando la liberación de los detenidos y el fin de la represión contra quienes, en medio de la oscuridad y la desesperanza, solo exigían lo mínimo: luz, comida y libertad.
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