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El gobierno de Brasil reiteró que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, a la vez que expresó su preocupación por el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas, como parte de una operación antidrogas en la región.
En declaraciones recientes, Celso Amorim, excanciller y asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia brasileña, indicó que la movilización de tres barcos de guerra de Estados Unidos en el Caribe genera "preocupación" y que la lucha contra el crimen organizado no debe ejecutarse de manera unilateral.
“Debe enfrentarse mediante la cooperación entre naciones”, apuntó el diplomático en declaraciones a medios locales. Aunque el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, Amorim fue enfático al señalar que “Brasil no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo”.
En ese sentido, ratificó la posición inicial del gobierno de Lula da Silva e insistió en que “las actas nunca aparecieron” tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, ampliamente rechazadas como fraudulentas por la comunidad internacional.
En agosto de ese año, tanto Brasil como Colombia rechazaron los resultados de los comicios presentados por el régimen de Maduro, argumentando falta de transparencia y de datos verificables.
Tanto Lula da Silva como Gustavo Petro urgieron al régimen chavista a publicar las actas de votación, ante las denuncias de fraude masivo, pero sus reclamos, compartidos por la oposición venezolana y la mayoría de países del mundo y la región –salvo los regímenes de Cuba y Nicaragua- nunca fueron atendidos.
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La usurpación del poder y la represión desatada contra una población que votó mayoritariamente a favor del cambio -más de 30 puntos porcentuales, según datos de la oposición-, así como contra sus principales líderes y los equipos de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (en el exilio), asentaron nuevamente al régimen de Maduro sobre bases de flagrante ilegitimidad.
La tensión regional alcanzó la semana pasada nuevas cotas, luego de que Estados Unidos desplegara 4,500 soldados y varios buques de guerra en aguas del Caribe y Latinoamérica para combatir al narcotráfico, en una operación que incluye acciones contra organizaciones como el Cártel de los Soles, vinculado al alto mando venezolano.
Washington sostiene que Maduro es el líder de un narcoestado levantado con el apoyo de la cúpula militar y redes clientelares dentro y fuera del país, motivo por el cual duplicó la recompensa por su captura hasta los 50 millones de dólares.
En respuesta, el régimen chavista activó la movilización de 4,5 millones de milicianos y desplegó 15,000 militares en la frontera con Colombia, acusando a EE. UU. de buscar un cambio de régimen en Caracas.
Brasil, que alberga a más de un millón de refugiados venezolanos, ha intentado mediar en la crisis junto con Colombia y México. Sin embargo, Lula da Silva ha endurecido su postura ante la falta de avances y las tensiones bilaterales surgidas a raíz del masivo fraude electoral de julio de 2024.
“No acepto la victoria de Maduro ni de la oposición. Exigimos pruebas”, dijo en una entrevista radial en agosto de ese año, en la cual defendió celebrar nuevas elecciones transparentes, una solución polémica en vista del control totalitario y la represión desatada por el régimen chavista.
Si bien su postura ha sido vista por los analistas como una estrategia de mediación que beneficiaría a Maduro -dándole tiempo y el beneficio de la duda- las declaraciones recientes de Amorim ponen nuevamente el foco en la falta de legitimidad del régimen venezolano y dejan abierta una puerta que, más allá de la incertidumbre regional que provoca la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, podría dar paso a una mayor coordinación para poner fin a la narcodictadura de Nicolás Maduro.
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