Invertir en centrales eléctricas, generación eólica y parques solares no es vender pirulí

La apertura al capital privado no resolverá nada mientras el principal freno sea el propio Estado cubano, incapaz de garantizar reglas claras y confianza jurídica.

Central eléctrica y vendedor de pirulí © Generada con IA / CiberCuba
Central eléctrica y vendedor de pirulí Foto © Generada con IA / CiberCuba

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Cuba vive atrapada en un apagón estructural que no se resuelve con discursos ni promesas. La electricidad y el agua no son lujos: son derechos básicos, condiciones mínimas de vida. Y, sin embargo, nuestro sistema eléctrico nacional está cada vez más deteriorado, incapaz de garantizar lo elemental.

Frente a esta realidad, algunos especialistas, como el economista Juan Triana, han puesto sobre la mesa la necesidad de abrir espacio a la inversión privada. La propuesta tiene lógica: ningún Estado en bancarrota puede, por sí solo, levantar un sistema eléctrico que demanda miles de millones de dólares en modernización.

Pero, invertir en un sistema eléctrico no es como vender pirulí, con perdón de los vendedores de pirulí y otras golosinas. No se trata de un negocio de esquina que puede funcionar con buena voluntad. Es infraestructura pesada, de largo plazo, que exige reglas claras, estabilidad y confianza en el marco legal.

La responsabilidad del Estado no es solo reconocer que necesita al sector privado, sino crear un entorno en el que esa inversión sea viable.

Lo sabía "el gran culpable" Fidel Castro, cuando se inventó la Revolución Energética. Necesitaba algo que diera resultados inmediatos y calmara al pueblo, y se enfocó en medidas de impacto inmediato: cambiar electrodomésticos ineficientes, repartir bombillas ahorradoras y llenar el país de generadores diésel para garantizar la corriente. Sin embargo, los problemas de fondo quedaron intactos. Las viejas termoeléctricas soviéticas de los años 70 y 80 se deterioraban sin un plan real de renovación, y en vez de invertir en infraestructura duradera, el gobierno se aferró a parches temporales que, si bien estabilizaron un tiempo el servicio, crearon una dependencia costosa y poco eficiente de los generadores.

Y 20 años después, todo está peor. El Estado cubano arrastra una deuda tecnológica monumental y, aun así, están enfrascados en lo que vendría a llamarse una Revolución Energética 2.0, para intentar capear el temporal algunos años más. Han decidido pasar de generadores diésel a parques solares, en un intento de resolver el problema rápido y sin pensar, una vez más, en el futuro. Creen que los paneles solares resolverán la crisis con inversiones relativamente asequibles y sencillas, sin necesidad de invertir en centrales eléctricas térmicas.


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Pero un sistema eléctrico nacional no se construye con parques solares aislados. La interconexión entre ellos y con el sistema eléctrico requiere líneas de transmisión y distribución, estaciones de transformadores de alto voltaje, sistemas automáticos de conmutación y control… en fin, una infraestructura costosa que Cuba no tiene. Muchos otros países con sistemas energéticos modernos se han tropezado con la dificultad de gestionar sistemas distribuidos de energías renovables, y han sufrido graves problemas como el apagón total ocurrido en España el pasado abril.

La realidad es que el sistema eléctrico cubano necesita inversiones multi-millonarias, en proyectos que no se concretan en uno o dos años, sino en quinquenios. Pero:

¿Qué empresa privada sensata arriesgaría capital en un país donde las reglas cambian a capricho? ¿Quién va a apostar millones en turbinas, centrales eléctricas, líneas de transmisión, parques solares o eólicos si mañana pueden confiscarle activos, congelarle dividendos o incumplir contratos, como ya ha pasado en otros sectores?

La responsabilidad del Estado no es solo reconocer que necesita al sector privado, sino crear un entorno en el que esa inversión sea viable. Eso significa:

  • Seguridad jurídica real, con tribunales independientes.
  • Regulación transparente y estable, con tarifas que permitan recuperar costos sin asfixiar a la población.
  • Facilidades fiscales.
  • Respeto a la propiedad y a los contratos, garantizado incluso por mecanismos de arbitraje internacional.
  • Facilidad para repatriar las ganancias en divisas.

Sin eso, hablar de inversión privada es puro maquillaje. Nadie va a poner su dinero en un terreno minado. Y mucho menos cuando hablamos de energía, una industria donde cada decisión involucra millones, no centavos.

Cuba necesita inversión privada en su sistema eléctrico, sí. Pero más que eso necesita un gobierno que cumpla su parte: diseñar las reglas, respetarlas y dar garantías. Porque si algo nos ha demostrado la historia reciente es que sin confianza no habrá capital, y sin capital seguiremos apagados.

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Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.


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