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El régimen cubano volvió a culpar al embargo estadounidense por los graves problemas del sistema eléctrico nacional y, en particular, por la situación crítica de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, que permanece con unidades fuera de servicio en medio de los apagones constantes que sufre la población.
Durante la presentación del informe sobre el impacto del embargo, el canciller Bruno Rodríguez denunció que la CTE sufrió “un daño directo” porque una empresa extranjera se negó a prestar asistencia técnica bajo el argumento de que sus equipos contenían más de un 10% de componentes estadounidenses. Esa negativa, dijo, imposibilitó reparar con urgencia una de las plantas consideradas claves para sostener la generación.
Rodríguez aprovechó además para insistir en que el embargo ha causado pérdidas millonarias para el país. Según sus cifras, en 2024 los daños ascendieron a 7,556 millones de dólares, lo que —de no existir esa política— habría permitido un crecimiento del PIB de 9,2%.
“Dos meses de bloqueo ocasionan daños por 1,600 millones USD, lo equivalente al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda de electricidad normal del país”, publicó en X.
En otro mensaje afirmó que solo 12 días de embargo equivalen a 250 millones USD, la misma cifra que cuesta mantener anualmente el Sistema Electroenergético Nacional.
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Sin embargo, las cifras oficiales chocan con los reconocimientos del propio gobierno. En 2024 la economía se contrajo un 1,1% y el ministro de Economía, Joaquín Alonso, admitió en julio que “lo que hoy ingresa al país no alcanza” ni siquiera para alimentos, combustible o mantenimiento básico del sistema eléctrico.
Por su parte, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, alguna vez considerada una de las plantas más confiables de Cuba, se ha convertido en símbolo del colapso energético. En los últimos meses ha sufrido averías sucesivas en sus bloques, incumplimiento de cronogramas y reparaciones prolongadas que aumentan el malestar ciudadano.
En septiembre, la Unidad 3 salió de servicio por una avería en el condensador, mientras que la Unidad 4, desconectada desde diciembre de 2024, arrastra un mantenimiento que primero debía concluir en junio y luego fue pospuesto hasta octubre de 2025. Grietas en la caldera y fallos en el sobrecalentador y el recalentador mantienen a ese bloque paralizado, a pesar de las reiteradas promesas de la Unión Eléctrica y las autoridades del sector.
La situación ha alimentado el escepticismo popular, sobre todo después de apagones masivos como el del pasado 10 de septiembre, cuando la caída total del Sistema Electroenergético Nacional dejó a casi toda la isla a oscuras.
Facebook/Frank Enrique
Crisis estructural
Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo, economistas independientes advierten que la crisis eléctrica responde también a causas internas como la falta de inversión, baja productividad, déficit fiscal y un modelo económico incapaz de generar divisas sostenibles.
A ello se suma la corrupción, con investigaciones que señalan que conglomerados militares como GAESA acumulan miles de millones de dólares mientras la población enfrenta la escasez.
El deterioro del sistema eléctrico tiene un costo directo en la vida cotidiana. Millones de cubanos sufren cortes diarios que afectan la conservación de los alimentos, interrumpen el estudio y el trabajo, y agravan el malestar social. Para muchos, los apagones dejaron de ser un problema coyuntural para convertirse en la prueba palpable de un sistema al borde del colapso.
“Mejor que no la pongan más, porque cada vez que arranca, después nos apagan a todos”, ironizó un usuario en redes tras el enésimo anuncio oficial sobre la planta de Cienfuegos. Una frase que resume el sentimiento de incredulidad y cansancio de un pueblo que vive entre la oscuridad de los apagones y la falta de respuestas efectivas de su gobierno.
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