Un tatuador cubano, identificado como Miguel Benítez Mirabal, asegura que en Cuba su profesión lo convierte en un “subversivo” y lo expone al acoso y la represión. El hombre, de 36 años y natural de La Habana, vio rechazada su solicitud de asilo en las Islas Caimán, donde residía con un permiso de trabajo, y ahora enfrenta el riesgo de deportación.
Según reveló el medio local Cayman News Service, Mirabal pidió asilo después de que venciera su contrato en un estudio de tatuajes, alegando que regresar a la Isla lo dejaría vulnerable a “acoso, abuso y detención” por su militancia en un movimiento cultural independiente que defiende la libertad creativa. En documentos judiciales, el artista afirmó que su trabajo lo ha convertido en una persona “de interés” para las autoridades cubanas, que lo perciben como una amenaza.
Pese a que el Departamento de Aduanas y Control Fronterizo de Caimán reconoció que Mirabal posee “una característica que podría” generarle persecución bajo la Convención de Refugiados, su petición fue denegada el 1 de septiembre. Para sus abogados, la negativa no cuestiona los fundamentos de su relato, sino su credibilidad, y por eso exigen que el caso sea revisado en los tribunales antes de que se ejecute su deportación.
Tatuar en Cuba: oficio clandestino
Las declaraciones de Mirabal encuentran respaldo en la situación de los tatuadores en Cuba, donde la profesión no está reconocida legalmente y se desarrolla en un limbo que mezcla clandestinidad, precariedad y desconfianza oficial.
Un reportaje de Vice describe cómo en la Isla no existen cursos oficiales de tatuaje ni libros sobre el tema; tampoco se fabrican máquinas o tintas, y la importación de estos insumos está prohibida.
“Todo el mundo aquí pasó por eso: tenía una máquina casera y tinta improvisada”, contó un joven tatuador habanero a ese medio, que retrató la práctica como un oficio marcado por la creatividad y la informalidad, pero también por el riesgo.
Por su parte, el diario español El Español calificó en 2017 la situación como “el limbo jurídico de los tatuadores cubanos”, recordando que en la lista de actividades autorizadas por cuenta propia no figura esta profesión. Eso obliga a quienes abren estudios a vivir entre dos aguas, sin amparo legal, sin controles higiénico-sanitarios y bajo la amenaza constante de inspecciones y cierres arbitrarios.
En ese contexto, varios colectivos han intentado ganar visibilidad y negociar con las autoridades culturales, pero sin éxito definitivo. “Todavía tatuar no es aceptado por el Estado, y por consiguiente por ninguna de sus instituciones”, subrayaba entonces el periódico.
Un caso que revela más que un expediente
El expediente de Mirabal, hoy en suspenso mientras un tribunal decide si admite su revisión judicial, refleja cómo una práctica cultural popular en Cuba puede ser interpretada por el régimen como una forma de disidencia.
Para el tatuador habanero, su oficio no es solo un medio de vida, sino un espacio de expresión y autonomía que lo colocó en la mira de las autoridades. Para las instituciones de Caimán, en cambio, su historia aún no logra acreditar el “temor fundado” necesario para obtener refugio.
Mientras la justicia define si puede ser deportado o si su caso merece una nueva evaluación, la denuncia de Mirabal pone en primer plano la paradoja de un país donde tatuar es cada vez más común en la piel de los cubanos, pero sigue siendo visto por el Estado como una actividad sospechosa.
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