La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva para declarar al movimiento Antifa como organización terrorista doméstica, una medida inédita en el país y cargada de polémica por sus implicaciones políticas y legales.
La decisión llega pocos días después del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, crimen por el que fue detenido un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson.
Aunque las autoridades no han presentado pruebas que vinculen directamente al sospechoso con Antifa, Trump y varios miembros de su administración han señalado al movimiento de izquierda como responsable indirecto de alimentar un clima hostil contra los conservadores.
Leavitt aseguró que la orden ejecutiva será firmada “tan pronto como esté redactada” y que responde a un compromiso de Trump durante su campaña presidencial. Según la funcionaria, Antifa ha estado involucrado en múltiples episodios violentos en los últimos años, desde emboscadas contra policías hasta ataques con explosivos, hechos que, dijo, “habían sido ignorados por los medios tradicionales y por la administración anterior”.
“Ya no más”, insistió Leavitt al enumerar casos de violencia atribuidos a células de Antifa, incluido un ataque en Texas en 2025 y disturbios frente a instalaciones federales en Portland.
Expertos citados por BBC News advierten que el anuncio carece de fundamento legal, pues Antifa no es una organización formal sino un movimiento descentralizado de activistas antifascistas y anticapitalistas, sin líderes ni estructura definida.
“No conozco ningún mecanismo legal que permita declarar oficialmente a un grupo del ámbito nacional como organización terrorista”, señaló Luke Baumgartner, investigador de la Universidad George Washington.
Riesgos legales y constitucionales
El análisis de la BBC también subraya que la designación choca con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y el derecho de asociación.
Para el profesor David Schanzer, de la Universidad de Duke, la decisión de Trump “no modifica esos derechos fundamentales”, mientras que otros académicos alertan sobre el peligro de que el gobierno amplíe sus competencias para perseguir a cualquier persona sospechosa de simpatizar con el movimiento.
“Los peligros de extralimitarse son más que evidentes”, advirtió Brad Evans, experto en violencia política de la Universidad de Bath.
Para críticos y académicos, Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para criminalizar a sus opositores políticos, una estrategia que podría tener repercusiones profundas en el debate sobre derechos civiles y libertades fundamentales en el país.
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