El exteniente Freddy Torres Quiala, de 31 años, lleva más de un año tras las rejas sin que se le celebre juicio alguno, víctima de un proceso arbitrario que comenzó tras denunciar públicamente las presiones y abusos dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Torres Quiala, natural de Niquero, en Granma, sirvió durante ocho años como oficial en la 1448 División de Tanques de Managua, en La Habana.
El 25 de agosto de 2023 publicó un video en el que relataba su delicado estado de salud -sacrolumbalgia crónica, espina bífida, reuma e insomnio- y cómo, pese a estar peritado médicamente, le negaban reiteradamente la baja militar.
De la denuncia a la prisión
Solo diez días después de aquel video, Torres fue encarcelado en la prisión militar El Globo.
Inicialmente fue castigado por su testimonio, pero pronto le sumaron un cargo fabricado de "extorsión", con el objetivo de agravar su sanción. Su esposa denunció que esa acusación era absurda: Freddy llevaba pocos días detenido y no conocía a nadie en ese penal.
Desde entonces, su expediente -identificado como número 92- ha pasado por la Fiscalía Provincial y por un tribunal menor, en ambos casos con el mismo resultado: falta de pruebas.
Sin embargo, en lugar de liberarlo, las autoridades han buscado pretextos para mantenerlo encarcelado, como la supuesta "falta de notificación a otros acusados".
En este tiempo ha sido trasladado por distintas prisiones, incluyendo Valle Grande, y actualmente se encuentra en Jóvenes Occidente, en El Guatao, municipio La Lisa, en La Habana.
Un año de castigo sin juicio
Según denunció en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, Torres cumplió ya un año de prisión preventiva sin condena, algo que viola las propias leyes cubanas.
Aun así, se mantiene firme en su postura: asegura no arrepentirse de haber contado la verdad sobre lo que vivía en las FAR, aunque admite que "ya cumplió un año y ha pagado por lo que hizo".
Su esposa, acompañada por la hija de ambos -que este mes cumplió siete años esperando celebrar junto a su padre- denuncia que todo responde a un castigo ejemplarizante.
"Ya no saben qué inventar para castigarlo más. Es un descaro lo que tienen. Según la propia Fiscalía, no existen pruebas suficientes, pero lo mantienen preso para dar un escarmiento", declaró.
La advertencia cumplida
Aquella primera denuncia del joven, que lo convirtió en una voz disidente dentro del ejército, fue borrado a la fuerza de Facebook tras recibir amenazas. El pretexto fue la Orden 4 del Ministro de las FAR, que prohíbe a los oficiales exponer la realidad interna de la institución en Internet.
Lo que Freddy Torres dijo en ese video se ha confirmado con su propio caso: el régimen busca medidas ejemplarizantes para infundir miedo en oficiales y soldados. La intención es clara: que nadie más se atreva a denunciar arbitrariedades dentro del Ejército.
Antes de ser encarcelado, Torres había pedido la baja militar durante cinco años, acudiendo incluso al Ministerio de las FAR y enviando una carta al propio ministro. Jamás obtuvo respuesta.
"Me están obligando, a pesar de mis problemas de salud, a continuar en las Fuerzas Armadas", había denunciado.
Con 12 años de servicio -cuatro como cadete y ocho como oficial-, su mayor "falta" fue cuestionar un sistema que no respeta ni la salud ni la voluntad de sus propios militares.
Hoy, enfermo y separado de su hija pequeña, se ha convertido en un rehén del castigo político.
Sin justicia ni legalidad
El caso de Freddy Torres Quiala expone la falta de garantías en Cuba. Ni la Fiscalía ni los tribunales han podido probar delito alguno, pero el exmilitar sigue preso.
La prolongación indefinida de su detención muestra que, más que un proceso legal, se trata de venganza política.
La denuncia de su familia y la visibilidad que ha tenido su historia ponen en evidencia lo que muchos dentro del ejército temen: en Cuba no hay legalidad, sino represión contra quienes se atreven a hablar.
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