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La periodista cubana Claudia Rafaela Ortíz Alba denunció públicamente un grave caso de negligencia institucional en la Estación de Policía de Zanja, en La Habana, tras presenciar una agresión contra una mujer y la posterior negativa de los oficiales a recibir la denuncia correspondiente.
Ortíz Alba, directora de la revista estatal Alma Mater y figura reconocida dentro del sistema editorial oficial cubano, relató en su perfil de Facebook que en la estación policial le impidieron denunciar un caso de violencia de género ocurrido en su vecindario.
“En la Estación de Policía de Zanja, en clara violación del Código Penal, no me dejaron levantar una denuncia por agresión y violencia de género contra un hombre que pateó por el estómago varias veces en el piso a su pareja, en mi cuadra, frente a todos los vecinos. Mi amigo que intentó defenderla a ella está lesionado”, escribió la periodista.
Según su relato, el agresor volvió minutos después del ataque inicial: “Regresó minutos después con un arma blanca a amenazar a quien intervino, y amenazó con plantar guardia frente a nuestra casa. Arrojó botellas de vidrio al balcón y fachada”.
Ante esta situación, Ortíz Alba acudió a la estación para interponer una denuncia, pero el oficial de guardia y el capitán de la unidad le respondieron que la denuncia solo podía hacerla la víctima. “Me dicen que la víctima (su pareja) es quien debe denunciar la agresión. Y yo no. NO es así”, subrayó.
En su publicación, expresó su indignación ante la falta de respuestas del sistema institucional cubano frente a estos hechos: “No hay refugios, no hay sistema de apoyo estructurado, no hay voluntad política urgente de ayudar a las miles de mujeres en riesgo de morir en manos de sus parejas. ¡Ley integral contra la violencia de género yaaaaaaaaaaaa!”.
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También criticó la ausencia de formación entre las autoridades: “Empatía, coño, formación para las y los profesionales que lidian con violencia de género. ¿Hay que conseguir el derecho a la vida y la seguridad por la fuerza?”. Y concluyó: “Nos matan, las matan”.
Un contexto alarmante
La denuncia ocurre en un momento de creciente preocupación por la violencia de género en Cuba. Solo en lo que va de 2025, plataformas independientes como Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas han confirmado 31 feminicidios, aunque advierten que esta cifra podría ser mayor debido al subregistro y a la ausencia de datos oficiales transparentes.
El caso más reciente denunciado corresponde al asesinato de Mercedes “La Mora” Cantero Rodríguez, de 64 años, ocurrido el 29 de agosto en Artemisa, presuntamente a manos de su pareja. El hecho fue confirmado el 15 de septiembre por organizaciones feministas, que alertaron sobre el aumento de feminicidios en mujeres mayores, un grupo con menos acceso a canales de ayuda.
Además, La Habana lideró en 2024 los juicios por delitos sexuales en Cuba, con 51 procesos registrados, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El grupo más afectado fueron las jóvenes entre 20 y 24 años, con la mayoría de los casos ocurridos en zonas urbanas.
La violencia extrema también ha dejado víctimas recientes en distintas provincias. Tres feminicidios confirmados en Matanzas, Holguín y Granma mostraron un patrón de ensañamiento que ha estremecido a las comunidades. En otro hecho reciente, una enfermera fue apuñalada por su expareja dentro de un hospital en Matanzas, en presencia de pacientes embarazadas.
Sin ley integral ni protección efectiva
Pese a que el artículo 85 de la Constitución cubana sanciona la violencia familiar, Cuba sigue siendo el único país del hemisferio occidental sin una ley integral contra la violencia de género. Tampoco reconoce oficialmente el término “feminicidio”, ni lo tipifica en su legislación penal, lo que limita la respuesta institucional y judicial ante estos casos.
Organizaciones feministas han reclamado reformas urgentes, creación de casas de acogida, capacitación para el personal policial y judicial, y la armonización de la legislación cubana con los estándares internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, denuncias como la de Claudia Rafaela Ortíz Alba dejan en evidencia una realidad cotidiana: el desamparo de muchas mujeres cubanas ante una violencia que, sin una respuesta integral del Estado, sigue cobrando vidas impunemente.
Preguntas frecuentes sobre la negligencia policial y la violencia de género en Cuba
¿Qué denuncia hizo Claudia Rafaela Ortíz Alba sobre la negligencia policial en La Habana?
Claudia Rafaela Ortíz Alba denunció que la policía se negó a tramitar una denuncia por violencia de género que presenció en su vecindario, alegando que solo la víctima podía realizarla. Esto ocurrió en la Estación de Policía de Zanja, y Ortíz Alba criticó la falta de empatía y formación de las autoridades frente a estos casos.
¿Cuál es la situación actual de la violencia de género en Cuba?
La violencia de género en Cuba es un problema grave y creciente. En lo que va de 2'25 se han confirmado 31 feminicidios, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y la falta de datos oficiales transparentes. Cuba es el único país del hemisferio occidental sin una ley integral contra la violencia de género.
¿Por qué es difícil denunciar y procesar casos de violencia de género en Cuba?
La dificultad para denunciar y procesar casos de violencia de género en Cuba se debe a la falta de reconocimiento oficial del término “feminicidio” y la ausencia de una ley integral que aborde el problema. Además, las autoridades a menudo desestiman las denuncias o las manejan de manera inadecuada, como demuestran casos recientes de negligencia policial.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las críticas sobre la falta de acción frente a la violencia de género?
El gobierno cubano ha sido criticado por su falta de transparencia y acción efectiva frente a la violencia de género. Recientemente, el régimen confirmó que no publicará estadísticas sobre feminicidios, alegando que un registro administrativo está siendo desarrollado, pero será de carácter no público, lo que ha generado críticas por la opacidad institucional.
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