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En una declaración que ha desatado un intenso debate jurídico y político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Administración propondrá la pena de muerte para todo aquel que cometa asesinatos en Washington D.C.
El anuncio fue realizado durante la séptima reunión de su Gabinete, como parte de una estrategia más amplia para enfrentar lo que él califica como una “criminalidad desbordada” en la capital del país.
Durante su intervención, Trump fue categórico: “Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”.
El presidente justificó su propuesta como una medida de prevención extrema. “Es una medida de prevención muy fuerte”, afirmó.
“No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción”, añadió.
La reiteración del mensaje durante su discurso marcó el tono de urgencia y firmeza con que pretende afrontar el tema de la seguridad en Washington:
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“Si alguien mata a alguien”, insistió; “va a ser pena de muerte”.
Según Trump, toda su Administración respalda esta iniciativa, aunque el anuncio ha generado múltiples reacciones, tanto de apoyo como de alarma, especialmente por los posibles efectos colaterales y por las implicaciones constitucionales que tendría una medida de este tipo en una ciudad sin pena de muerte local y bajo jurisdicción federal compartida.
Una capital bajo control federal
Este anuncio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de intervención directa por parte del Ejecutivo federal en los asuntos de seguridad de Washington D.C.
El pasado 11 de agosto, Trump activó una medida que le permitió asumir el control de la seguridad pública de la ciudad por 30 días, amparándose en una disposición legal que autoriza la intervención en caso de “emergencia”.
La intervención fue justificada por la supuesta escalada de violencia y criminalidad en la capital, a pesar de que las estadísticas muestran que, aunque existen altos niveles de delitos, los índices generales se mantienen en su punto más bajo en las últimas tres décadas.
Despliegue masivo de fuerzas de seguridad
Como parte de esta intervención, Trump ordenó el despliegue de recursos militares y policiales sin precedentes en la ciudad.
A los 800 efectivos de la Guardia Nacional de Washington activados inicialmente, se sumaron tropas enviadas por seis estados con gobernadores republicanos: Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee.
En total, el número de efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad asciende a unos 2,000.
Además del personal militar, la capital está siendo patrullada por varias agencias federales: el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Policía Metropolitana.
La fiscal general Pam Bondi informó que, bajo esta operación conjunta, ya se han arrestado 1.094 personas y se han confiscado al menos 115 armas ilegales.
Denuncias de organizaciones civiles
La intensificación del control federal ha despertado críticas por parte de activistas y organizaciones de derechos civiles.
Denuncian que la llamada “guerra contra el crimen” está siendo utilizada como pretexto para aumentar la vigilancia sobre comunidades vulnerables, en particular los migrantes indocumentados.
Diversas voces han alertado sobre detenciones arbitrarias por parte de agentes federales, especialmente de ICE, en operativos que aparentemente nada tienen que ver con la lucha contra la violencia homicida.
El temor entre comunidades inmigrantes ha crecido, avivado por la retórica y el historial de medidas restrictivas del actual Gobierno.
Debate jurídico y constitucional
El planteamiento de Trump sobre la pena de muerte genera dudas importantes sobre su viabilidad legal.
Washington D.C. abolió formalmente la pena de muerte en 1981, y aunque como capital federal tiene un estatus especial, una medida de este calibre requeriría modificaciones legislativas profundas y enfrentaría con seguridad múltiples desafíos en los tribunales.
Además, la aplicación selectiva de la pena de muerte por jurisdicción y tipo de crimen -en este caso, solo para asesinatos cometidos en un área específica del país- abriría la puerta a interrogantes sobre igualdad ante la ley, proporcionalidad y respeto al debido proceso.
Para juristas, activistas y expertos en políticas públicas esta propuesta refleja un enfoque punitivista que ignora la complejidad del problema del crimen urbano y que puede vulnerar derechos fundamentales.
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