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El economista cubano Pedro Monreal advirtió que la falta de resiliencia financiera y el empobrecimiento acumulado tras el “ordenamiento económico” están convirtiendo al paso del huracán Melissa en un desastre de largo plazo para miles de familias cubanas, más allá de los daños materiales inmediatos.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter), Monreal sostuvo que la variable más crítica en la recuperación de los países del Caribe tras huracanes no es la magnitud del evento meteorológico, sino el nivel de pobreza y acceso a recursos financieros preexistentes.
En su análisis, citó estudios regionales que muestran cómo la falta de seguros, ahorros o mecanismos de transferencia rápida agrava los efectos socioeconómicos y prolonga el tiempo de recuperación.
“El nivel de resiliencia socioeconómica —medido por el índice de pobreza y el acceso a recursos financieros— ha sido determinante en el Caribe”, escribió.
Según Monreal, la evidencia empírica demuestra que “por cada 10 % menor de índice de pobreza, se redujo en un año la demora en la recuperación del PIB per cápita” después de un desastre natural, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial (2024).
El economista comparó la situación cubana con la de Puerto Rico y República Dominicana tras los huracanes María (2017) y David (2017). En el caso dominicano, recordó, el 90 % de las viviendas dañadas no estaba asegurado y el 70 % de la población cayó bajo la línea de pobreza luego del desastre.
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En Cuba —subrayó— la situación es aún más precaria. El llamado ordenamiento monetario, que eliminó subsidios y dolarizó parcialmente la economía, ha dejado a los hogares sin colchón financiero ni acceso real a créditos o seguros.
“El empobrecimiento agravado por el ordenamiento y la desprotección financiera tendería a empeorar la situación económica y social post desastre de los hogares cubanos”, advirtió Monreal.
Además, el economista criticó el nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros 10/247, aprobado tras el paso del huracán Melissa, que propone supuestos subsidios y créditos blandos para los damnificados.
“No queda claro cómo subsidiar y ofrecer préstamos pudiera materializarse en recursos reales”, afirmó, al señalar que Cuba mantiene un esquema de protección post-desastres atrasado con respecto a otros países del Caribe.
Monreal mencionó dos mecanismos utilizados en la región que podrían implementarse en la isla: el microseguro paramétrico, que libera fondos automáticamente ante un desastre natural, y las transferencias de efectivo directas, condicionadas o no, a los hogares vulnerables.
“La alerta temprana y la evacuación salvan vidas, pero no necesariamente restablecen el nivel de vida pre-desastre”, concluyó.
Un desastre que amplifica la crisis estructural
El análisis de Monreal coincide con los reportes publicados en los últimos días sobre la magnitud de los daños causados por el huracán Melissa.
Según datos oficiales citados por este medio, más de 46,000 viviendas han resultado afectadas en el oriente y el centro del país, mientras decenas de comunidades permanecen incomunicadas o sin acceso estable a electricidad y agua potable.
El gobierno cubano habilitó cuentas bancarias para recibir donaciones, pero persisten las críticas ciudadanas por la falta de transparencia en la gestión de los recursos.
CiberCuba ha documentado múltiples antecedentes de corrupción y desvío de ayuda humanitaria, desde la venta de aceite donado por el Programa Mundial de Alimentos hasta la reventa de materiales de construcción destinados a damnificados en Pinar del Río y La Habana.
A esa desconfianza se suma la crisis estructural de vivienda: el 35 % del fondo habitacional del país está en mal estado técnico, según datos oficiales. Los huracanes, lejos de ser episodios excepcionales, se convierten así en detonantes de una pobreza acumulada durante años.
Tras décadas de huracanes, derrumbes y promesas incumplidas, los albergues para damnificados se han convertido en una extensión de la crisis habitacional cubana, no en una solución temporal.
Miles de personas sobreviven durante años —y en muchos casos, durante décadas— en locales adaptados, antiguos centros escolares o naves estatales, sin privacidad, hacinadas y sin garantías de recibir una vivienda definitiva.
El Estado los considera “casos resueltos”, pero en realidad permanecen atrapados en un limbo burocrático, entre expedientes extraviados y promesas oficiales que se renuevan con cada visita gubernamental.
La falta de recursos, la corrupción administrativa y la inexistencia de un plan de vivienda sostenible han hecho que la figura del “albergado” sea un símbolo persistente del fracaso del sistema para atender a los más vulnerables.
Mientras tanto, los damnificados de Melissa enfrentan el mismo círculo vicioso que ha caracterizado los desastres anteriores: ayudas tardías, promesas de créditos sin respaldo real, materiales que desaparecen y un Estado incapaz de garantizar transparencia ni rendición de cuentas.
La advertencia de Monreal resume la raíz del problema: sin resiliencia económica, sin acceso a mecanismos financieros y sin instituciones que respondan con eficacia, cada nuevo huracán en Cuba no solo destruye techos, sino también las pocas certezas de supervivencia económica de millones de cubanos.
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