Vídeos relacionados:
El régimen cubano volvió a emplear el traslado forzoso como método de castigo contra presos políticos, al enviar recientemente a los activistas Ángel Cuza y Walnier Luis Aguilar desde el Combinado del Este, en La Habana, hacia prisiones en Artemisa y Matanzas, respectivamente.
Ambos prisioneros, reconocidos por su oposición al gobierno, fueron sacados del penal habanero bajo el pretexto de una supuesta lista de internos que planeaban iniciar una huelga de hambre, según informaron sus familiares.
Wilber Aguilar, padre de Walnier, explicó que su hijo fue trasladado el lunes a la cárcel de Agüica, en Matanzas, a casi 200 kilómetros de su hogar en la capital cubana.
“Esto es un abuso”, denunció el padre, quien desmintió que el joven tuviera intenciones de protagonizar una huelga. Aguilar espera una llamada de su hijo desde el penal matancero, considerado de máxima seguridad y donde también cumple condena el opositor Félix Navarro.
Por su parte, el activista Ángel Cuza fue llevado el domingo a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, bajo los mismos argumentos.
En un audio difundido por la periodista Yaima Pardo, Cuza denunció que se encuentra en una celda de aislamiento, sin contacto con otros reclusos. “Supuestamente tengo la visita mañana. Vamos a ver cómo es la situación aquí. Estoy en una celda tapiada solo”, relató.
Lo más leído hoy:
El traslado de ambos disidentes forma parte de una práctica habitual del régimen cubano, que aleja a los presos políticos de sus provincias de residencia como forma de castigo adicional tanto para ellos como para sus familias, que enfrentan dificultades para visitarlos.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones esta táctica de represión carcelaria, utilizada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para quebrar la resistencia de los prisioneros de conciencia y aislarlos de su entorno familiar y social.
El traslado como castigo: Una táctica del régimen cubano para aislar a los presos políticos y sus familias
El traslado de presos políticos a cárceles alejadas de sus familias es una práctica frecuente en el sistema penitenciario cubano, utilizada por el régimen como forma de represión y castigo adicional hacia los reclusos de conciencia y sus allegados.
Medios independientes y organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples casos donde el objetivo de estas medidas no es logístico ni judicial, sino psicológico y coercitivo, buscando aislar a los presos, limitar las visitas familiares y dificultar la comunicación con el exterior.
En junio de 2023, CiberCuba informó que cinco manifestantes del 11J fueron sacados de la prisión de Agüica (Matanzas) sin previo aviso a sus familiares ni explicación oficial, en lo que activistas calificaron como un traslado punitivo.
De igual modo, en mayo de 2025 este medio reportó que las autoridades negaron el traslado del preso político Eider Frómeta a una cárcel de su provincia natal, prolongando su aislamiento y las dificultades de su familia para visitarlo.
El caso actual de Walnier Luis Aguilar Rivera y Ángel Cuza encaja en este patrón represivo. Ambos fueron recluidos en el Combinado del Este, en La Habana, y recientemente enviados a prisiones de Matanzas y Artemisa, respectivamente, bajo el argumento de una supuesta huelga de hambre.
El padre de Walnier, Wilber Aguilar Bravo, ha denunciado en repetidas ocasiones el acoso policial y las represalias del régimen contra los familiares de los presos políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares en 2025, reconociendo la gravedad de su situación. Aguilar Bravo, convertido en voz visible de los familiares del 11J, ha denunciado públicamente que “la dictadura castiga incluso a las madres y padres por exigir justicia”.
Por su parte, Ángel Cuza ha sufrido detenciones reiteradas por su labor cívica. En 2023 fue arrestado tras participar en una protesta pacífica en La Habana y permaneció varias semanas incomunicado en una celda de castigo, según denunciaron organizaciones opositoras.
Estos casos reflejan un mismo patrón de ensañamiento institucional: dispersar a los presos políticos en cárceles distantes, incomunicarlos y desgastar emocionalmente a sus familias, una política que las autoridades cubanas mantienen pese a las denuncias internacionales.
Archivado en: