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Recientes declaraciones del exespía cubano René González, integrante de la conocida Red Avispa, reavivaron el debate en torno al proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, actualmente bajo expediente de instrucción por delitos que incluyen espionaje, malversación y lavado de activos.
En un extenso post publicado en redes sociales, González pidió que el juicio sea “público, abierto y transparente”, una exigencia que, viniendo de una figura tan emblemática del sistema de inteligencia cubano, pone en evidencia las grietas internas del régimen y la crisis de credibilidad de su aparato judicial.
González, uno de los cinco espías condenados en Estados Unidos en 1998 por infiltrar organizaciones del exilio, conserva aún un papel simbólico dentro del oficialismo cubano. Su voz, cuidadosamente dosificada, suele aparecer cuando el poder necesita dar apariencia de debate interno o lanzar mensajes dirigidos a los sectores críticos del propio sistema.
Esta vez, su intervención llega en medio de un clima de desconfianza generalizada hacia la Fiscalía General y el sistema judicial, que mantienen bajo total hermetismo los detalles del proceso contra Gil Fernández.
El exministro fue destituido en febrero de 2024 y, pocos meses después, la Fiscalía confirmó la apertura de un expediente por “graves irregularidades”. Desde entonces, el régimen ha desplegado una intensa campaña mediática, exhibiendo el caso como prueba de su supuesta lucha contra la corrupción.
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Sin embargo, la ausencia de información verificable, el secretismo del proceso y la repentina criminalización de un alto funcionario que durante años fue considerado “uno de los cuadros más leales” de Miguel Díaz-Canel, alimentan la percepción de que el juicio es, en realidad, un ajuste de cuentas dentro del poder.
La intervención de González, aunque revestida de prudencia institucional, introduce un elemento incómodo para el régimen. Al recordar la “presunción de inocencia” y exigir un proceso transparente, el exespía deja entrever la falta de garantías procesales en Cuba.
Su texto menciona, incluso, que “no estamos en condiciones de pedir a la gente que crea por fe”, una frase que, sin romper con la ortodoxia, apunta al descrédito absoluto de las instituciones.
Pero González se cuida de ir más allá: en la misma publicación llama a no “dispararnos los unos a los otros dentro de la misma trinchera”, recordando que su lealtad al sistema sigue intacta.
Esa dualidad es característica del discurso que el régimen permite a ciertos portavoces. En los últimos años, figuras como el propio González o el trovador Israel Rojas, de Buena Fe, han introducido en el debate público expresiones tomadas del lenguaje opositor —como el “bloqueo interno”—, para dar una apariencia de autocrítica controlada.
En realidad, se trata de una estrategia de comunicación diseñada por la contrainteligencia cubana: canalizar el malestar social dentro de límites seguros, simular pluralidad y evitar que las críticas se conviertan en cuestionamientos al núcleo del poder.
Un sistema judicial al servicio del control político
El caso de Gil Fernández ilustra con crudeza la naturaleza del sistema judicial cubano. En Cuba no existe independencia de poderes: la Fiscalía, los tribunales y la Seguridad del Estado responden a una misma estructura de mando político.
Las causas judiciales de alto perfil suelen ser operaciones de control, destinadas a disciplinar a los cuadros medios, limpiar la imagen del gobierno o tapar escándalos que rozan a figuras más altas del poder.
El secretismo que rodea este proceso reproduce un patrón histórico. En 1989, las célebres Causas 1 y 2 —que acabaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros militares— sirvieron para reafirmar la autoridad de Fidel Castro tras las sospechas de corrupción y narcotráfico en las Fuerzas Armadas.
Hoy, el expediente de Gil Fernández cumple un papel similar: proyectar una imagen de rigor institucional en medio de una crisis económica devastadora y un creciente descontento popular.
Mientras la familia de Gil insiste en la inocencia del exministro y exige un juicio abierto, la propaganda oficial se afana en presentarlo como símbolo de la corrupción interna. Sin pruebas públicas ni testigos conocidos, el régimen pretende que el pueblo crea por decreto, repitiendo el viejo libreto de los procesos ejemplarizantes.
En ese contexto, las palabras de René González, aunque calculadas, confirman que incluso dentro de la trinchera oficialista hay conciencia del desgaste y del peligro que implica seguir ocultando la podredumbre del sistema.
En última instancia, su llamado a la “transparencia” no busca desmontar el régimen, sino salvarlo de sí mismo. Pero el hecho de que un exespía de la Red Avispa se vea obligado a reclamar públicamente garantías procesales, es ya una señal de hasta qué punto la maquinaria judicial del castrismo ha perdido toda credibilidad, incluso entre los suyos.
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