Un operativo policial desplegado este martes en los alrededores del Agromercado de Tulipán, en el municipio Plaza de la Revolución, terminó con decomisos y arrestos a vendedores callejeros y carretilleros.
El operativo se realiza en el marco del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito. La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, aseguró que la acción va contra aquellos que violan regulaciones establecidas sobre la comercialización de alimentos y productos en la vía pública.
Testigos relataron que los efectivos llegaron con camiones, exigieron a los vendedores subir sus mercancías decomisadas y se produjeron escenas de tensión.
En redes sociales circularon videos y testimonios que cuestionan la forma en que se desarrolló el operativo.
El usuario Yuriel Fernández reportó en Facebook que la policía “recogió a personas que están luchando el pan de cada día vendiendo viandas y cigarros que el gobierno no tiene para vender”.
También denunció que hubo “golpes y arrestos arbitrarios”, calificando de “repugnante” que se persiga a pequeños comerciantes mientras persisten delitos graves como el narcotráfico, la violencia de género y otros abusos.
Contexto de mayor control
Este lunes, Miguel Díaz-Canel en el inicio del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, hizo un llamado a la disciplina social y al respeto al orden interior. Su mensaje fue interpretado como un augurio de que vendría un aumento de la represión en el país.
"Es una oportunidad para que en medio de esta situación nosotros garanticemos la tranquilidad ciudadana, el respeto al orden interior, estabilidad en el país, disciplina social y participación en las tareas", dijo el gobernante en un contexto social marcado por protestas ciudadanas contra los apagones, la escasez de agua y las carencias en Cuba.
Este operativo se suma a otra ofensiva lanzada en agosto por el gobierno de La Habana contra negocios privados que incumplen normas tributarias, especialmente aquellos que evaden la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF) o se niegan a aceptar pagos por transferencia electrónica.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) indicó entonces que estas prácticas constituyen evasión fiscal y pueden acarrear sanciones como multas, cierres temporales e incluso consecuencias penales.
La campaña oficial sostiene que el uso obligatorio de la CBF y de pagos electrónicos garantiza “transparencia contable y trazabilidad del dinero”, pilares considerados esenciales para sostener la economía nacional.
Sin embargo, críticos señalan que la medida responde a un intento de aumentar el control estatal sobre la actividad privada, en un escenario de inflación, escasez y alta dependencia del mercado informal.
Una economía entre la legalidad y la supervivencia
Mientras el gobierno insiste en “reordenar el escenario económico”, crece la tensión entre las necesidades de la población y las restricciones impuestas al sector no estatal. Para muchos habaneros, la venta callejera de alimentos constituye una de las pocas alternativas de acceso a productos básicos.
El operativo de Tulipán expone, una vez más, la brecha entre la narrativa oficial de lucha contra el delito y la percepción ciudadana de que estas acciones golpean a quienes sobreviven en medio de la crisis, sin atacar los problemas estructurales que afectan a la sociedad cubana.
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