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Un bufete de abogados en Estados Unidos ha presentado una demanda federal contra Delta Air Lines Inc., acusándola de beneficiarse ilegalmente del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, una propiedad que -según el demandante- fue confiscada sin compensación por el régimen cubano tras la Revolución de 1959.
La querella, presentada bajo los términos del Título III de la Ley Helms-Burton, marca otro capítulo en la ofensiva legal impulsada por descendientes de propietarios expropiados en Cuba, quienes buscan justicia a través de los tribunales estadounidenses.
El demandante: Un heredero de propiedad confiscada
El demandante es José Ramón López Regueiro, hijo del empresario cubano José López Vilaboy, quien fue propietario del aeropuerto antes de que fuera nacionalizado por el gobierno de Fidel Castro.
López Regueiro sostiene ser el legítimo heredero del inmueble y denuncia que Delta habría operado vuelos comerciales -tanto de carga como de pasajeros- desde y hacia el aeropuerto habanero sin contar con su consentimiento ni proporcionarle compensación alguna.
“Este es un caso importante no solo para el señor Regueiro, sino para toda la comunidad de cubanoamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas y explotadas por compañías estadounidenses en asociación con la dictadura comunista cubana”, dijo en declaraciones recogidas por Telemundo 51, Jorge A. Mestre, socio del bufete Rivero Mestre LLP, que está a cargo de la representación legal del demandante.
Acusación de “tráfico” según la Ley Helms-Burton
La Ley Helms-Burton, oficialmente llamada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, fue promulgada en 1996 con el objetivo de endurecer el embargo a Cuba y ofrecer mecanismos legales a ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos cuyas propiedades fueron expropiadas tras la Revolución.
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Aunque su Título III fue suspendido por todos los gobiernos desde su aprobación, en 2019 la Administración Trump levantó esa suspensión, permitiendo por primera vez la interposición de demandas.
Bajo esta legislación, se considera “tráfico” cualquier uso o beneficio derivado de una propiedad confiscada sin autorización de su legítimo dueño.
En ese contexto, Delta Air Lines está siendo acusada de explotar de forma continua el Aeropuerto José Martí, uno de los principales activos confiscados, sin haber reparado a sus antiguos propietarios.
Según el texto de la demanda, Delta habría recibido advertencias previas sobre la reclamación de propiedad por parte de López Regueiro, lo que activaría una disposición agravada de la ley: el pago de daños triples, una sanción establecida cuando el acusado continúa beneficiándose del activo después de haber sido notificado.
Repercusiones legales y simbólicas
Más allá de la responsabilidad individual de la aerolínea, el caso se perfila como emblemático en el contexto más amplio de las demandas bajo la Ley Helms-Burton.
Desde que se activó el Título III, numerosos descendientes de antiguos propietarios han iniciado acciones legales contra empresas hoteleras, compañías navieras, tecnológicas y ahora aerolíneas, por operar en propiedades que fueron nacionalizadas por el régimen cubano sin compensación.
“Estamos orgullosos de desempeñar un papel en buscar justicia bajo la Ley Helms-Burton”, expresó Mestre en una declaración que subraya el carácter estratégico de la demanda: más que un caso aislado, se trata de una ofensiva judicial con implicaciones para toda empresa que tenga vínculos comerciales con inmuebles expropiados en la isla.
Delta Air Lines y su relación con Cuba
Delta es una de varias aerolíneas estadounidenses que ha operado vuelos hacia Cuba tras el restablecimiento parcial de relaciones entre Washington y La Habana durante la administración de Barack Obama.
Aunque el acercamiento bilateral se enfrió bajo la administración Trump, algunas operaciones comerciales -especialmente aquellas con carácter humanitario, familiar o cultural- continuaron ejecutándose.
El Aeropuerto Internacional José Martí, ubicado en la capital cubana, es la terminal aérea más importante del país y el principal punto de entrada para viajeros internacionales.
Ha sido utilizado durante décadas por aerolíneas de todo el mundo, incluidas varias estadounidenses, sin que -hasta ahora- se hayan planteado demandas judiciales tan directas por su uso.
¿Qué viene ahora?
El proceso legal recién comienza y se espera que Delta presente una respuesta ante el tribunal federal.
La compañía aún no ha hecho declaraciones públicas sobre la querella.
El caso será seguido de cerca por otras compañías con operaciones en Cuba y por grupos del exilio cubano, que consideran la Ley Helms-Burton una herramienta legítima para reclamar justicia frente a décadas de expropiaciones impunes.
En última instancia, la demanda plantea un interrogante más amplio sobre los límites de la responsabilidad empresarial en contextos geopolíticos complejos y sobre el alcance real de una ley que, a pesar de haber estado dormida por más de dos décadas, ha despertado con fuerza en los tribunales estadounidenses.
Preguntas frecuentes sobre la demanda a Delta Air Lines bajo la Ley Helms-Burton
¿Por qué Delta Air Lines está siendo demandada bajo la Ley Helms-Burton?
Delta Air Lines está siendo demandada por supuestamente beneficiarse del uso del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, una propiedad que fue confiscada sin compensación por el régimen cubano tras la Revolución de 1959. La demanda se basa en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos demandar a empresas que "trafiquen" con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
¿Quién es el demandante en el caso contra Delta Air Lines?
El demandante es José Ramón López Regueiro, hijo del empresario cubano José López Vilaboy, quien era propietario del aeropuerto antes de su nacionalización. López Regueiro sostiene ser el legítimo heredero y acusa a Delta de operar vuelos desde y hacia el aeropuerto sin su consentimiento ni compensación.
¿Qué es el Título III de la Ley Helms-Burton?
El Título III de la Ley Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas e individuos que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959. Aunque estuvo suspendido por todos los gobiernos desde su aprobación en 1996, fue activado por la Administración Trump en 2019, permitiendo la interposición de demandas como la presentada contra Delta Air Lines.
¿Cuáles podrían ser las repercusiones de esta demanda para Delta Air Lines y otras empresas?
La demanda contra Delta Air Lines podría sentar un precedente significativo para otras empresas que operan en propiedades expropiadas en Cuba. Si Delta es encontrada culpable, podría enfrentar el pago de daños triples, lo que podría incentivar a más descendientes de propietarios expropiados a presentar demandas similares. Este caso se observará de cerca por otras compañías con operaciones en Cuba y por grupos del exilio cubano.
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