Vídeos relacionados:
El congresista Mario Díaz-Balart anunció que, junto con los legisladores Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez, Lois Frankel y Nicole Malliotakis, presentó un escrito amicus bipartidista ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., et al.
Según el comunicado publicado en su sitio web, el escrito destaca las implicaciones de política exterior relacionadas con el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley LIBERTAD Helms-Burton), que permite a las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Castro demandar a las empresas que deliberadamente trafican con esos bienes.
El documento insta a la Corte a garantizar que las víctimas de estas confiscaciones injustas puedan buscar justicia en los tribunales de Estados Unidos, tal como lo dispuso el Congreso al aprobar la ley en 1996.
“Durante más de 60 años, el régimen en Cuba ha robado propiedades, se ha enriquecido mientras empresas inescrupulosas se benefician de la confiscación de esos bienes, y ha negado justicia a sus víctimas”, expresó Díaz-Balart.
“El Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley LIBERTAD para responsabilizar al régimen cubano y asegurar que quienes fueron despojados de sus propiedades cuenten con una vía legal para obtener justicia”, subrayó el congresista.
“Asimismo, pone sobre aviso a las empresas extranjeras de que serán responsabilizadas por lucrarse de bienes robados mientras financian al régimen castrista”, agregó.
Lo más leído hoy:
Entre diciembre de 2015 y junio de 2019, cuatro líneas de cruceros obtuvieron ganancias mediante el uso de la propiedad confiscada de Havana Docks, transportando a casi un millón de turistas a los terrenos donde atracaban sus barcos.
Según información presentada ante tribunales inferiores, estas empresas recibieron más de 1,000 millones de dólares por dichos viajes, mientras que el régimen cubano obtuvo más de 130 millones en tarifas e impuestos.
En enero, el gobierno de Estados Unidos reactivó el Título III de la Ley Helms-Burton y amplió la lista de entidades cubanas restringidas, como parte de una política más firme hacia el régimen cubano.
"La administración Trump está restableciendo una política dura hacia Cuba que protege a Estados Unidos y ayuda al pueblo cubano. Hemos mantenido a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo –donde corresponde– y hemos tomado otras medidas. La opresión del régimen cubano contra su pueblo y sus acciones malignas deben terminar", informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
En ese sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció en octubre que escucharía el caso presentado por ExxonMobil contra entidades estatales cubanas para exigir compensación por la expropiación de sus activos petroleros y de gas en 1960, durante el inicio de la Revolución.
El proceso se apoyaría precisamente en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a empresas e individuos que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959, informó la agencia Reuters.
El tribunal aceptó la apelación de Exxon tras una decisión adversa en cortes inferiores, que había limitado sus intentos de recuperar una compensación valorada en más de 700 millones de dólares.
Preguntas Frecuentes sobre Reclamaciones de Propiedades Confiscadas en Cuba
¿Qué es el Título III de la Ley Helms-Burton?
El Título III de la Ley Helms-Burton permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a empresas e individuos que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959. Esta disposición busca proporcionar un mecanismo legal para que las víctimas de expropiaciones obtengan justicia. Aunque fue suspendida por años, fue activada en 2019, lo que ha desatado una serie de litigios en los tribunales de Estados Unidos.
¿Qué implica la demanda de Havana Docks Corp. contra las líneas de cruceros?
Havana Docks Corp. demanda a líneas de cruceros por utilizar instalaciones portuarias en La Habana que fueron confiscadas en 1960. La empresa argumenta que estas compañías han lucrado con propiedades que le pertenecen, sin su consentimiento ni compensación. Un fallo favorable podría abrir la puerta a más demandas similares basadas en el uso de bienes expropiados por el régimen cubano.
¿Por qué los congresistas exigen acciones contra las empresas que trafican con propiedades robadas en Cuba?
Los congresistas buscan responsabilizar al régimen cubano y a las empresas que se benefician de propiedades confiscadas. Consideran que estas prácticas apoyan al régimen castrista y niegan justicia a las víctimas de expropiaciones. La presión sobre las empresas que trafican con estos bienes se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de los legisladores para sancionar a quienes sostienen económicamente al gobierno cubano.
¿Cuál es el impacto potencial de las decisiones de la Corte Suprema sobre casos de expropiaciones en Cuba?
Las decisiones de la Corte Suprema podrían definir el alcance de las reclamaciones legales por expropiaciones en Cuba. Un fallo favorable a los demandantes podría abrir la puerta a cientos de nuevas demandas de ciudadanos y compañías estadounidenses, afectando a empresas que operan en bienes expropiados por el régimen cubano y redefiniendo el marco legal para futuras reclamaciones.
Archivado en: