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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó recientemente la renovación por otros 60 días del estado de emergencia migratoria, instaurado originalmente el 6 de enero de 2023. La orden ejecutiva —conocida como Orden 23-03— ha sido extendida sucesivamente durante casi dos años, en lo que ya representa la decimoctava prórroga consecutiva. Según el texto, la justificación sigue siendo la misma: un flujo “masivo” de inmigración irregular hacia el estado, que “sigue afectando recursos locales” y requiere “esfuerzos en curso” para responder a la crisis.
Esta prolongación mantiene intactas las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo estatal, que permiten movilizar recursos, suspender procesos administrativos y actuar sin necesidad de aprobación legislativa inmediata.
En palabras del portavoz de DeSantis, Alex Lanfranconi:
“Seguirá siendo una emergencia hasta que todos los inmigrantes ilegales sean devueltos”.
¿Qué implica el estado de emergencia?
La Ley de Manejo de Emergencias de Florida permite que, bajo una declaración de emergencia, el gobernador:
-Agilice procedimientos administrativos.
Lo más leído hoy:
-Suspenda regulaciones que entorpezcan la respuesta operativa.
-Reasigne fondos estatales.
-Evite licitaciones públicas en contrataciones.
-Active personal o cree instalaciones temporales.
En el contexto migratorio, estas facultades han sido utilizadas para organizar operativos en zonas costeras, reforzar vigilancia, apoyar deportaciones, y establecer centros de detención para inmigrantes, como los polémicos “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.
Críticas: ¿poder sin control?
El uso sostenido y amplio de esta figura ha generado una fuerte reacción de la oposición demócrata, que considera que DeSantis está abusando de su autoridad para fines políticos. La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell (D-Tampa), fue tajante:
“Está dispuesto a usar todos los medios para politizar las cosas”.
Por su parte, la senadora Lori Berman (D-Boynton Beach) acusó al gobernador de haber “vulgarizado los poderes de emergencia” al extender la orden sin rendición de cuentas, mientras el senador Carlos Guillermo Smith (D-Orlando) advirtió:
“Esta orden ejecutiva no debe renovarse. Se ha extendido casi 20 veces sin supervisión, sin preguntas reales sobre adónde va este dinero, quién se beneficia de él, cuántos detenidos tenemos siquiera en el campo de detención de los Everglades; no lo sabemos”.
La preocupación demócrata no se limita a lo simbólico: legisladores han presentado tres propuestas concretas para frenar o limitar el uso del estado de emergencia migratoria:
-SCR 704 (Tina Polsky): pondría fin a la emergencia actual.
-SB 700 (Carlos Guillermo Smith): requeriría aprobación legislativa para extender cualquier estado de emergencia más allá de un año.
-SB 708 (Lori Berman): crearía una base de datos estatal de control migratorio, para monitorear detenciones y deportaciones ejecutadas con fondos estatales.
¿Por qué sigue vigente?
Para el gobierno de DeSantis, la amenaza sigue latente.
La orden ejecutiva sostiene que la presencia de inmigrantes ilegales en Florida continúa como resultado de la “falta de cumplimiento de las leyes migratorias a nivel federal”.
Aunque no se han publicado datos nuevos sobre la magnitud actual del fenómeno migratorio ni su impacto real en servicios estatales, el Ejecutivo insiste en que las condiciones que originaron la emergencia en 2023 persisten.
“Podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los problemas no se resuelven, o podemos ser parte de la solución y ayudar a liderar el camino”, dijo DeSantis en una rueda de prensa en Orlando.
¿Y ahora qué?
La extensión de la emergencia refuerza la línea dura de Florida en materia migratoria y consolida el modelo de gestión ejecutiva directa promovido por DeSantis.
A la vez, aumenta el conflicto político interno, especialmente con una oposición que cuestiona la opacidad en el uso de fondos públicos y la falta de resultados medibles.
Mientras tanto, el tema regresa al centro del debate legislativo en Tallahassee, donde la batalla entre quienes buscan limitar los poderes del gobernador y quienes quieren profundizar la aplicación de políticas antiinmigrantes podría marcar el pulso del nuevo período legislativo.
Lo que está en juego no es solo el enfoque migratorio de Florida, sino el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo estatal y la Legislatura, así como el modelo de gestión de crisis que podría extenderse a otros ámbitos.
La emergencia migratoria, más que un estado transitorio, se perfila como una política permanente.
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