Vídeos relacionados:
Una jueza federal en Florida busca un acuerdo entre las partes enfrentadas por el funcionamiento del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, situado en los Everglades, donde abogados y organizaciones civiles denuncian que los detenidos no tienen acceso adecuado a representación legal.
Según AP, la jueza Sheri Polster Chappell, del Distrito Sur de Florida, convocó a una conferencia judicial los días 16 y 17 de diciembre en su tribunal de Fort Myers, con el objetivo de que los abogados del gobierno federal, del estado de Florida y los defensores de derechos civiles busquen un acuerdo extrajudicial que garantice los derechos de los detenidos.
“Creo que estamos más cerca de resolver muchos temas que antes”, dijo la magistrada durante la audiencia del lunes.
“Las partes pueden llegar a acuerdos razonables que no sean excesivamente gravosos para el Estado, pero que permitan a los demandantes tener los derechos que merecen”, agregó.
La demanda fue presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU), que exige al Estado medidas para facilitar la comunicación entre los detenidos y sus abogados, recordó AP.
Según explicó la abogada Eunice Cho, los letrados deben solicitar cita con tres días de antelación para visitar a sus clientes, a diferencia de otros centros donde el ingreso se permite durante las horas de visita.
Lo más leído hoy:
En muchos casos, los detenidos son trasladados antes de que ocurra la cita, lo que, según la ACLU, impide preparar sus defensas o cumplir plazos judiciales.
El centro “Alligator Alcatraz” fue construido el año pasado por orden del gobernador republicano Ron DeSantis en una pista aérea remota de los Everglades.
Desde su apertura, el complejo ha estado rodeado de polémica por sus condiciones de acceso y su ubicación aislada, lo que dificulta la presencia de abogados, familiares y organizaciones humanitarias, subrayó la agencia de noticias.
El abogado del estado, Nicholas J.P. Meros, afirmó que la mayoría de las preocupaciones planteadas por los demandantes “ya han sido atendidas” y atribuyó los retrasos iniciales a las dificultades logísticas de construir un centro para miles de detenidos en una zona sin infraestructura.
La disputa judicial forma parte de tres procesos federales en curso.
En otro caso, un tribunal de apelaciones permitió en septiembre que el centro siguiera operando, al suspender una orden previa que exigía su cierre progresivo por presuntas violaciones ambientales.
Una tercera demanda sostiene que la inmigración es una competencia federal y que el estado de Florida y sus contratistas privados no tienen autoridad para operar instalaciones de detención migratoria.
El presidente Donald Trump visitó el centro en julio y lo calificó como “modelo nacional” para el futuro sistema de detención migratoria.
Durante el recorrido, destacó que su administración busca expandir la infraestructura para acelerar deportaciones.
Aunque el centro fue construido y administrado por el estado, el gobierno federal aprobó un reembolso de 608 millones de dólares a Florida por los gastos de construcción y operación.
La audiencia de diciembre será clave para definir el futuro de un complejo que se ha convertido en símbolo del nuevo enfoque migratorio del gobierno de Trump, entre promesas de eficiencia, denuncias por abuso de poder y reclamos por el respeto a los derechos humanos.
Una demanda colectiva reciente volvió a poner en el centro del debate al complejo migratorio “Alligator Alcatraz”, al denunciar condiciones inhumanas y restricciones severas para el contacto de los detenidos con sus abogados y familiares.
La querella exige cambios inmediatos en la administración del centro y cuestiona el aislamiento extremo de la instalación.
Estas denuncias se suman al reconocimiento por parte del gobierno federal de que, efectivamente, en el centro “Alligator Alcatraz” hay migrantes detenidos, pese a la opacidad inicial con la que fue construido y operado por el estado de Florida.
La confirmación oficial llegó en medio de cuestionamientos por la legalidad de su funcionamiento y el rol de contratistas privados en su gestión.
Meses atrás, trascendió que la administración de Florida enfrenta un dilema millonario por los costos asociados al mantenimiento del complejo, cuyo funcionamiento depende de fondos estatales en medio de recursos legales federales sin resolver.
El debate sobre el presupuesto ha alimentado la polémica sobre la sostenibilidad y necesidad de esta infraestructura.
En paralelo, una orden judicial permitió que el centro continúe activo, a pesar de intentos legales por forzar su cierre.
Días atrás, la justicia determinó que el centro de detención “Alligator Alcatraz” continuará operando, lo que fue interpretado por sus críticos como una victoria temporal del estado frente a las crecientes demandas por derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida
¿Qué es "Alligator Alcatraz" y por qué es polémico?
"Alligator Alcatraz" es un centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida. Ha sido polémico debido a denuncias sobre condiciones inhumanas, restricciones de acceso legal para los detenidos y violaciones a leyes ambientales. Su aislamiento dificulta la presencia de abogados y familiares, lo que ha generado múltiples demandas en su contra.
¿Cuáles son las principales denuncias contra "Alligator Alcatraz"?
Las principales denuncias contra "Alligator Alcatraz" incluyen la falta de acceso a representación legal adecuada para los detenidos, condiciones de detención inhumanas, y violaciones a leyes ambientales por su construcción en una zona protegida. Además, hay acusaciones de detenciones sin cargos y presiones para que los detenidos firmen órdenes de deportación voluntaria.
¿Qué acciones legales se han tomado contra el centro de detención?
Se han presentado varias demandas federales contra "Alligator Alcatraz". Una demanda ambiental exige su cierre por violaciones a las leyes de protección de humedales. Otra demanda, impulsada por organizaciones de derechos civiles, busca garantizar el acceso legal a los detenidos. Hay también una disputa sobre la jurisdicción del centro y su control operativo.
¿Cuál es la posición del gobierno de Florida sobre "Alligator Alcatraz"?
El gobierno de Florida, liderado por el gobernador Ron DeSantis, defiende el funcionamiento de "Alligator Alcatraz" como parte de su estrategia para apoyar las políticas federales de detención y deportación de inmigrantes. A pesar de las críticas y órdenes judiciales, el estado planea continuar con sus operaciones migratorias y considera a "Alligator Alcatraz" un modelo para futuras instalaciones.
Archivado en: