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El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse que su administración desvió más de $35 millones de fondos estatales para financiar una agresiva campaña publicitaria contra las enmiendas constitucionales que habrían legalizado la marihuana recreativa y revertido la prohibición del aborto después de seis semanas.
De acuerdo con una investigación conjunta del Miami Herald y el Tampa Bay Times, gran parte del dinero provenía de fondos destinados a niños en situación de vulnerabilidad, programas de salud pública y acuerdos por la crisis de opioides.
En lugar de usarse para esos fines, el dinero se redirigió a consultores políticos, abogados y campañas mediáticas diseñadas para favorecer la agenda del gobernador.
“Es corrupción a costa de los niños”, denunció el profesor emérito Kenneth Goodman, experto en ética médica de la Universidad de Miami.
“Desviar recursos destinados a una población vulnerable para fines políticos es moralmente inaceptable”, subrayó en declaraciones al Miami Herald.
Según los registros revisados por el Herald/Times, el Departamento de Niños y Familias destinó $1.1 millones de fondos federales de protección infantil para colocar anuncios contra el aborto, mientras que el Departamento de Salud desvió casi $1 millón de programas de salud comunitaria hacia la misma campaña.
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Además, $4 millones del fondo estatal de opioides —creado para apoyar a comunidades afectadas por la drogadicción— fueron usados para pagar anuncios que alertaban sobre los supuestos “peligros de la marihuana”, sin mencionar que la sustancia era objeto de votación pública en las urnas.
En total, el 79% del dinero desviado provenía de fondos reservados para atención médica y bienestar social, según el análisis periodístico.
Los anuncios financiados con dinero público fueron presentados como “campañas educativas” o “mensajes de salud pública”, pero en la práctica funcionaron como propaganda electoral.
Las piezas se emitieron en televisión, radio y redes sociales justo antes de las elecciones de 2024, y atacaban directamente las dos enmiendas que buscaban legalizar la marihuana y revertir la ley del aborto.
Entre los mensajes más polémicos figuraban frases como “Amendment 4 amenaza la seguridad de las mujeres” o “La marihuana moderna reconfigura la mente humana”, sin citas ni respaldo científico.
Incluso la Administración Federal de Seguridad Vial expresó su preocupación por la naturaleza política de algunos anuncios, que usaron de forma indebida su logotipo “Drive Sober or Get Pulled Over”.
Para ejecutar la estrategia, el gobierno de DeSantis recurrió a la firma Strategic Digital Services, vinculada a campañas del Partido Republicano de Florida.
La empresa recibió al menos $16.4 millones de cinco agencias estatales en solo tres días, según los registros de pago revisados.
Esos contratos se otorgaron sin licitación pública y usaron exenciones legales diseñadas para servicios médicos, lo que según expertos en ética y derecho administrativo viola la ley estatal de adquisiciones.
“Es difícil describirlo de otra forma que no sea un mal uso intencional de fondos públicos”, dijo el legislador republicano Alex Andrade, quien supervisa el presupuesto de salud del estado.
“Esto parece más una operación política que una campaña de salud pública”, comentó.
Parte del dinero desviado también habría terminado en Hope Florida, una organización benéfica impulsada por la esposa del gobernador, Casey DeSantis.
El informe revela que $10 millones de un acuerdo con Medicaid fueron redirigidos hacia un comité político controlado por el jefe de gabinete del gobernador, James Uthmeier, encargado de financiar anuncios contra las enmiendas.
DeSantis defendió públicamente la campaña alegando que eran simples “anuncios educativos”.
Sin embargo, las investigaciones indican que los mensajes fueron cuidadosamente dirigidos a votantes mayores y conservadores con alta propensión al voto.
Incluso dentro del Partido Republicano, el escándalo ha generado rechazo. El senador estatal Joe Gruters, expresidente del partido en Florida, calificó las acciones de DeSantis como “antidemocráticas y una violación de la ley estatal”.
El exdirector financiero del estado, Alex Sink, advirtió que los movimientos de dinero analizados “probablemente no deberían haber sido aprobados”.
Varios legisladores han pedido una investigación formal sobre malversación de fondos.
Mientras tanto, el Gran Jurado Estatal mantiene abierta una investigación paralela sobre el uso de la caridad Hope Florida como mecanismo de recaudación política.
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