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Más de 1,600 activistas, defensores de derechos humanos y expresos políticos firmaron un llamamiento para exigir la liberación inmediata de los más de 1,000 presos políticos que permanecen en cárceles cubanas, muchos de ellos en condiciones precarias y sin garantías procesales.
El documento, impulsado por la profesora y activista Anamely Ramos, denuncia que Cuba es “la gran ausente” en el reciente contexto de excarcelaciones en Venezuela y Nicaragua, y advierte que el régimen cubano podría utilizar a los presos como “moneda de cambio” en eventuales negociaciones internacionales.
“El terror de Estado y la violencia sostenida deben cesar”, afirmó Ramos, subrayando que el encarcelamiento de ciudadanos por expresar sus ideas políticas es una práctica estructural del sistema.
Según la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, la cifra de detenidos aumentó tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, cuando la Seguridad del Estado recrudeció arrestos y desapariciones forzadas.
El 65% de los presos políticos son manifestantes del 11J, las protestas pacíficas de julio de 2021. Organizaciones independientes advierten que el régimen no tiene intención de liberarlos y que la represión se ha intensificado en medio de la crisis económica y la falta de libertades en la isla.
“Cuba no tiene nada que ofrecer, salvo presos”, advirtió Diversent, quien pidió a la comunidad internacional y al Vaticano que no ignoren a los encarcelados en cualquier negociación con el régimen de La Habana.
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