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El Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba, presentado por la organización Prisoners Defenders, documenta con testimonios directos cómo el Estado ha construido un sistema de vigilancia que atraviesa la vida digital, familiar y emocional de los ciudadanos dentro y fuera de la isla.
Basado en 200 declaraciones de cubanos residentes tanto en Cuba como en el exilio, el estudio revela que la vigilancia no es esporádica ni accidental, sino una política de Estado sostenida, articulada con la represión policial, el uso discrecional de leyes punitivas y la manipulación del acceso a Internet.
El dato más contundente es que el 98,5% de los declarantes aseguró haber sufrido amenazas, citaciones, sanciones, detenciones o represalias contra familiares por su actividad digital o sus comunicaciones privadas.
Las autoridades cubanas no solo monitorean publicaciones públicas en redes sociales como Facebook, WhatsApp o X. El informe documenta cómo mensajes privados, audios, capturas de pantalla e incluso conversaciones uno a uno fueron mencionados durante interrogatorios policiales, muchas veces sin que los afectados supieran que estaban siendo vigilados.
Casi la mitad de los encuestados detectó accesos no autorizados a sus cuentas, cambios de contraseñas o mensajes enviados desde sus perfiles sin consentimiento, mientras que otros denunciaron haber sido obligados a desbloquear sus teléfonos y entregar claves durante detenciones o interrogatorios.
La vigilancia digital, según el informe, no se queda en la pantalla. Tras una publicación crítica o una conversación incómoda, el control suele trasladarse a la calle y al hogar. Más del 84% de los participantes afirmó haber notado vigilancia física posterior a su actividad en Internet, con patrullas frente a sus casas, personas observando desde la calle, seguimientos en motos o autos y visitas de advertencia. En algunos casos, incluso se reportó la instalación de cámaras frente a las viviendas, creando un clima de intimidación permanente.
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El control también se ejerce a través de la conectividad. Solo un 5% de los encuestados dijo no haber sufrido anomalías en su acceso a Internet. Cortes selectivos de datos, bloqueos de redes sociales, degradación intencional de la velocidad, apagones durante protestas y restricciones al uso de VPN aparecen descritos de forma reiterada, especialmente en fechas simbólicas como el 11 de julio o durante juicios políticos.
A esto se suma el alto costo del servicio y la baja calidad de la conexión, factores que, según el informe, forman parte de una brecha digital estructural sostenida por el monopolio estatal de las telecomunicaciones.
Uno de los aspectos más dolorosos del informe es el impacto sobre las familias. Las represalias no se limitan a quien publica o habla, sino que se extienden a padres, parejas, hijos y hermanos.
Detenciones, amenazas, citaciones, pérdida de empleo y problemas en el sistema educativo aparecen como mecanismos habituales para presionar y silenciar. Incluso cubanos en el exilio relataron cómo sus familiares en la isla fueron castigados por publicaciones realizadas desde el extranjero, confirmando que la vigilancia y la represión trascienden las fronteras nacionales.
El resultado de este entramado es un clima de miedo sostenido. Más de la mitad de los declarantes reconocieron haber cambiado su comportamiento digital, dejando de publicar sobre política, borraron mensajes antiguos, abandonaron grupos de mensajería, cerraron cuentas o recurrieron al anonimato.
El temor atraviesa todos los canales de comunicación, desde llamadas telefónicas hasta redes sociales y aplicaciones cifradas, sin que exista un espacio percibido como realmente seguro.
El informe concluye que la vigilancia digital en Cuba funciona como un sistema integral de control social, orientado a neutralizar el disenso, fragmentar las redes cívicas y provocar autocensura. No se trata solo de tecnología, advierten los autores, sino de un modelo político que utiliza el miedo como herramienta para gobernar, afectando no solo la libertad de expresión, sino la vida privada, familiar y emocional de millones de cubanos.
Durante la presentación del informe, realizada este martes de forma telemática, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, lamentó el nivel de "autocensura" que ha provocado el sistema en la isla.
"Es tremendo el nivel de autocensura… (hay) terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp", dijo de acuerdo con la agencia Efe.
Preguntas frecuentes sobre la vigilancia digital y la represión en Cuba
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¿Cómo afecta la vigilancia digital a los ciudadanos en Cuba?
El informe de Prisoners Defenders revela que la vigilancia digital en Cuba es una política de Estado integrada que afecta profundamente a la vida de los ciudadanos. El 98,5% de los declarantes informaron haber sufrido amenazas, detenciones o represalias por su actividad digital. Este control se extiende más allá de las redes, impactando la vida familiar y emocional de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.
¿Qué mecanismos utiliza el gobierno cubano para controlar el acceso a Internet?
El control del acceso a Internet en Cuba se realiza mediante cortes selectivos de datos, bloqueos de redes sociales y degradación de la velocidad durante eventos críticos. Solo un 5% de los encuestados no experimentó anomalías en su conectividad. Estas prácticas, junto al alto costo y baja calidad del servicio, refuerzan una brecha digital estructural promovida por el monopolio estatal de las telecomunicaciones.
¿Cómo impacta la vigilancia digital en la vida diaria de los cubanos?
La vigilancia digital en Cuba crea un ambiente de miedo y autocensura. Más del 84% de los encuestados experimentaron vigilancia física tras actividades en línea, con seguimientos y patrullas cerca de sus hogares. Este entorno genera cambios en el comportamiento digital de los ciudadanos, quienes dejan de publicar sobre política o recurren al anonimato para protegerse.
¿Qué papel juegan las leyes cubanas en la represión de la libertad de expresión?
Las leyes cubanas, como el Decreto-Ley 370, se utilizan como herramientas de censura y represión. Estas permiten al gobierno castigar publicaciones críticas y realizar detenciones arbitrarias, reforzando el control sobre la libertad de expresión. La manipulación legal es parte de un modelo de control político que busca silenciar el disenso y fragmentar redes cívicas.
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