"¿Acaso son menos españoles?": Abogado de inmigración denuncia caos en el Consulado de España en Cuba

El colapso del Consulado de España en La Habana ha alcanzado un punto crítico.

Así denunció el abogado de inmigración Vicente Marín, uno de los juristas más conocidos en España en temas de nacionalidad, quien aseguró que miles de descendientes de españoles en Cuba están atrapados en un procedimiento que no avanza y que podría tardar más de una década si no se adoptan medidas urgentes.

Marín, que dirige un bufete en Granada y atiende a inmigrantes de toda España, difundió un video en Facebook en el que cuestiona duramente la gestión del proceso derivado de la Ley de Memoria Democrática (LMD).

Desde el inicio de esta normativa, en octubre de 2022, cientos de miles de cubanos descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad, pero la mayoría se enfrenta a un sistema desbordado.

"¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar? El Consulado de España en La Habana está totalmente colapsado", afirma Marín. "Miles de descendientes españoles están atrapados en un procedimiento que no sabemos muy bien cuándo va a finalizar".

Según el abogado, lo que comenzó como una oportunidad histórica se ha convertido en una fuente constante de frustración.

"Muchos descendientes españoles han estado superilusionados con la posibilidad de hacerse españoles. Pero esa ilusión se ha convertido en frustración", señaló.

Marín explicó que el Consulado de La Habana es uno de los que más solicitudes ha recibido en todo el mundo, con cifras que superan los cientos de miles.

Sin embargo, el problema empieza incluso antes de poder pedir cita: "Estamos hablando de que miles de personas llevan ya meses, algunos años, solamente para esperar el usuario y la contraseña para poder acceder al procedimiento de solicitud de cita".

Y aún quienes logran entrar al sistema tampoco avanzan con rapidez.

"En el mejor de los casos, hay gente que ha podido recibir las credenciales que aún tienen que esperar que llegue el momento de solicitar. Unido a todas esas personas que han podido solicitar y que sus experiencias están absolutamente paradas, pendientes de resolución", dijo.

El abogado lanza una pregunta que resume el drama de miles de familias: "¿Cuánto va a durar esto? ¿Hablamos de meses, hablamos de años, hablamos de décadas?".

Según explicó, expertos y asociaciones ya advierten que, si no se refuerzan los medios, los procesos podrían demorarse más de diez años.

"¿Procedimientos administrativos de duración de 10 años? Pues así es. Si no se ponen los medios, estaríamos encontrándonos con una situación inadmisible", denunció.

Marín recordó que ya en 2022 advirtió que el sistema no funcionaría.

"Ese procedimiento no va a resultar. Se ha demostrado que no funciona. Y así ocurrió con la Ley de Memoria Histórica. Se vuelve a repetir. No funciona el sistema de credenciales, asignación de citas y que los consulados puedan hacer estos procedimientos en tiempos razonables", cuestionó.

Para el abogado, la raíz del problema es clara: falta de personal y de voluntad política.

"Hace falta un aumento considerable de medios personales. Hace falta voluntad para que esos consulados tengan los medios necesarios para afrontar ese volumen extraordinario de solicitudes", subrayó.

"Esa solución debió llegar en el año 2022, antes de poner en marcha la normativa. Si no llegó, por lo menos ahora no hagamos más angustiosa la espera", dijo.

Marín fue especialmente contundente al defender el derecho de los solicitantes.

"Los abuelos, los padres de estos descendientes eran igual que yo, español de origen. Tienen derecho estas personas a que se les reconozca su nacionalidad española y además tienen derecho a que se haga este procedimiento en plazos razonables":

Y concluyó con un llamado directo: "Son españoles de pleno derecho y tenemos que reconocérselos con un procedimiento efectivo. Es hora de exigir dignidad y agilidad. Justicia para los descendientes españoles que están en el exterior".

Desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, conocida como "Ley de Nietos", el sistema consular español se ha visto desbordado.

En apenas dos años, 2,3 millones de personas en todo el mundo se han acogido a esta normativa para recuperar la nacionalidad. Más de un millón de expedientes están aún en tramitación.

Cuba es uno de los países más impactados. El Consulado de España en La Habana acumula alrededor de 350,000 solicitudes, lo que lo convierte en el segundo con más expedientes, solo por detrás de Buenos Aires.

Para poder hacer frente a esa avalancha, España tuvo que firmar un contrato con el Grupo Empresarial Palco, una empresa estatal del régimen cubano, por un valor de 1,131,295 euros.

El convenio, con vigencia de cuatro años, obliga al consulado a contratar personal exclusivamente a través de esta entidad.

Palco aporta 87 trabajadores, que realizan jornadas intensivas, pero que cobran apenas entre 3,630 y 3,706 pesos cubanos al mes, lo que equivale a menos de 10 dólares, mientras la empresa estatal recibe más de 200 euros por cada empleado.

A pesar de este refuerzo, las quejas no han cesado. Los solicitantes denuncian falta de transparencia, retrasos, fallas técnicas y ausencia de comunicación.

En octubre de 2025 venció el plazo para acogerse a la ley. Solo quienes obtuvieron el Código Seguro de Verificación (CSV) tienen garantizado el derecho a una cita. Miles de personas aseguran que nunca recibieron ese código, pese a haber solicitado credenciales a tiempo.

En diciembre, el Gobierno español aprobó la apertura de un segundo consulado en Camagüey, aunque sin precisar fecha de apertura.

También se anunció un aumento de las citas semanales, lo que permitirá que 167 personas más presenten sus expedientes cada semana.

Sin embargo, para Vicente Marín, estas medidas son insuficientes frente a un problema estructural que sigue dejando a miles de descendientes españoles en Cuba atrapados en una espera sin horizonte claro.