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El régimen cubano presentó en los últimos días como “una nueva decisión del Consejo de Ministros” el Acuerdo 10199/2025, una disposición que ya había sido publicada oficialmente seis meses atrás en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 45 del 11 de agosto de 2025.
La norma, que autoriza a las entidades estatales a redistribuir los fondos de salario no ejecutados como incentivos laborales, fue redifundida esta semana en sus redes sociales por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso como si se tratara de una aprobación reciente, generando confusión y evidenciando las maniobras del aparato propagandístico del régimen para simular dinamismo económico donde solo hay reciclaje burocrático.
Lo cierto es que el documento no contiene ninguna medida nueva, sino que formaliza un mecanismo temporal de “pagos adicionales” con los ahorros del fondo salarial en las llamadas unidades presupuestadas —ministerios, escuelas, hospitales, oficinas administrativas o centros culturales—, con el supuesto propósito de “frenar la inestabilidad laboral”.
En otras palabras, el Estado no inyecta más dinero ni aumenta los sueldos: solo autoriza a repartir entre unos pocos el dinero que sobra cuando faltan trabajadores.
Una ley vieja presentada como reciente
La contradicción temporal es evidente. El Acuerdo 10199 fue aprobado el 2 de agosto de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial nueve días después, pero no tuvo cobertura en la prensa cubana.
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Ni Granma, ni Cubadebate, ni la Agencia Cubana de Noticias informaron sobre él. Quien sí lo hizo, de manera insólita, fue el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC), un portal de militancia prosocialista con sede en Buenos Aires que el 21 de agosto de 2025 difundió el texto íntegro, citando fuentes de la Gaceta y de TeleSur.
Resulta llamativo que un medio extranjero fuera el primero en divulgar una norma interna de impacto laboral dentro de Cuba, mientras los canales oficiales guardaban silencio.
Solo ahora, en enero de 2026, cuando comienzan los intentos de aplicar el mecanismo en ministerios y gobiernos locales, la televisión cubana “resucita” el acuerdo y lo presenta como una “nueva decisión” del Consejo de Ministros.
El cambio de tono no responde a una confusión: forma parte de una operación comunicativa planificada para mostrar acción gubernamental ante una ciudadanía cada vez más desesperada por la pérdida del poder adquisitivo.
Qué dice realmente el Acuerdo 10199
El texto autoriza a las entidades estatales a utilizar los fondos de salarios no ejecutados —por vacantes, licencias sin sueldo, subsidios o maternidades— para pagar bonos o incentivos adicionales a sus trabajadores activos.
Esos pagos se consideran salario “a todos los efectos legales”, pero no constituyen un sistema permanente, ni pueden aplicarse de forma masiva.
Cada institución debe aprobar un reglamento interno con la participación del sindicato, que defina: (1)- los criterios de desempeño o responsabilidad, (2)- los montos a redistribuir, y (3)- la periodicidad (única o temporal).
La redistribución debe ser selectiva, según méritos o carga laboral, y estar respaldada por ahorros comprobados del fondo salarial.
El acuerdo excluye expresamente a los sectores de salud y educación, bajo el argumento de que sus profesionales ya reciben beneficios especiales por “máximo esfuerzo” y “sobrecarga educativa”, derivados de las medidas salariales anunciadas a mediados de enero de 2024 en el programa televisivo Mesa Redonda.
Sin embargo, esas medidas, también parciales, fueron absorbidas por la inflación en menos de seis meses y hoy carecen de efecto real sobre el poder adquisitivo de médicos y docentes.
Aumentos nominales vs. inflación real
Según los datos oficiales de la Mesa Redonda, los incrementos salariales para salud y educación oscilaron entre 10% y 25% nominal, dependiendo del cargo.
Un médico general pasó de ganar unos 5,000 CUP a cerca de 6,200 CUP mensuales, mientras un maestro promedio ascendió apenas de 4,100 a 4,700 CUP.
Sin embargo, en el mismo periodo, la inflación anual acumulada en Cuba superó el 200%, con un dólar informal que saltó de 250 a casi 490 CUP entre enero de 2024 y enero de 2026.
Eso significa que el salario de un médico o un profesor vale hoy menos de un tercio de lo que representaba hace dos años.
Incluso los trabajadores que puedan acceder a los incentivos del Acuerdo 10199 —de entre 500 y 1,000 CUP adicionales mensuales— seguirían perdiendo más del 60% de su poder de compra real.
Los números del espejismo salarial
- Canasta básica estimada (enero 2026, dos personas): 25 000–27 000 CUP/mes
- Salario promedio estatal: 5 400 CUP
- Cobertura de la canasta: *apenas 20–22% del costo de vida.
En resumen: ni los aumentos de enero de 2024 para salud y educación, ni los bonos temporales del Acuerdo 10199/2025 para el resto del sector estatal, corrigen el derrumbe del poder adquisitivo.
Ambos mecanismos son nominales y transitorios, mientras el deterioro de la moneda nacional avanza más rápido que cualquier reajuste salarial.
Médicos y maestros: Los grandes olvidados
La exclusión de médicos y docentes del nuevo incentivo no es técnica, sino política.
El régimen necesita mostrar resultados rápidos en áreas de la administración pública donde la fuga de empleados ha provocado el colapso de servicios, mientras los sectores de salud y educación se usan como bandera propagandística del “humanismo revolucionario”.
Aun así, son precisamente esos trabajadores los que sostienen el país en condiciones más precarias.
Un médico cubano sigue cobrando el equivalente a 12 dólares mensuales, un maestro poco más de 10, mientras el gobierno gasta miles de millones en subsidiar empresas militares o en propaganda exterior.
El Acuerdo 10199 consolida esa desigualdad: premia a burócratas y administradores, y deja fuera a quienes realmente sostienen el sistema público.
Una norma vieja, una economía agotada
En el fondo, la reaparición del Acuerdo 10199/2025 no es un error de calendario, sino una muestra del agotamiento del modelo económico cubano.
El Estado ya no tiene recursos para aumentar salarios reales, así que repite los mismos decretos bajo distinto empaque, reciclando los ahorros del fondo de salarios como si fueran una nueva conquista.
Pero la realidad es contundente: con una inflación que pulveriza cualquier aumento y un peso cada vez más depreciado, no hay incentivo que detenga la deserción laboral ni la migración masiva.
En resumen, el régimen cubano intenta vender como “nuevo logro” un acuerdo viejo que no aumenta el salario real ni mejora la vida de los trabajadores.
Los médicos y maestros, otra vez excluidos, siguen siendo el rostro más visible del desprecio institucional hacia quienes sostienen los pilares del sistema público.
Y la reactivación mediática de una norma muerta hace seis meses no es una medida económica: es un síntoma del vacío de poder y de ideas en el corazón mismo del modelo cubano.
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