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Laura Fernández Delgado se convirtió este domingo en la nueva presidenta electa de Costa Rica tras imponerse con un 48% de los votos, sin necesidad de segunda vuelta, frente a sus 19 rivales.
Con 39 años, será la segunda mujer en la historia del país en llegar al poder, después de Laura Chinchilla (2010-2014).
Fernández, cercana al presidente saliente Rodrigo Chaves, logró capitalizar el alto nivel de aprobación del mandatario, cuya gestión cerrará con indicadores económicos favorables y un fuerte discurso contra la corrupción.
Su partido (Pueblo Soberano, formación de centroderecha) obtuvo además 30 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, lo que le permitirá gobernar con mayoría simple.
Formada en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica, Fernández fue ministra de Planificación y de la Presidencia durante la actual administración. Sin experiencia electoral previa, su ascenso político se forjó bajo el respaldo directo de Chaves, a quien considera su “mentor” y a quien agradeció públicamente en su discurso de victoria.
“Presidiré un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso del Estado de derecho, pero firme frente a los que obstaculicen el progreso del país”, afirmó la noche del domingo, en un mensaje que combinó llamados a la unidad con duras críticas a la oposición, a la que acusó de “obstruccionista”.
Su campaña se centró en la promesa de continuidad: mantener el crecimiento económico y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Fernández ha respaldado el proyecto de construcción de una megacárcel inspirada en el modelo de El Salvador y ha propuesto declarar el estado de excepción en zonas afectadas por la violencia, lo que ha generado preocupación entre sectores opositores y defensores de derechos humanos.
Durante el gobierno de Chaves, Costa Rica logró una reducción del desempleo del 13% al 7%, una inflación negativa y una baja en la pobreza hasta el 15,5%. Estos resultados económicos, junto a un discurso moralista y conservador, sirvieron como base para consolidar el proyecto político de Pueblo Soberano.
Analistas señalan que el principal reto de Fernández será demostrar independencia ante la sombra del expresidente Chaves, quien ha dejado entrever su deseo de continuar influyendo en el gobierno, incluso desde un cargo ministerial.
“Será un desafío mantener el equilibrio entre la lealtad a su mentor y la autonomía política que exige el cargo”, advirtió a la BBC el politólogo Ronald Alfaro-Redondo.
Fernández asumirá oficialmente el 8 de mayo para el periodo 2026-2030, con la promesa de “profundizar el cambio iniciado” por su predecesor y el compromiso de “recuperar la seguridad y el orden” en el país.
La línea de continuidad con Rodrigo Chaves y la postura ante Cuba
La llegada de Laura Fernández al poder en Costa Rica también supone la continuidad de la línea política trazada por Rodrigo Chaves, su mentor y principal aliado, en asuntos internacionales, incluido el vínculo con La Habana.
Durante su mandato (2022–2026), Chaves marcó distancia con el régimen cubano, aunque sin recurrir a un discurso ideológico.
Apenas unos meses después de asumir la presidencia, en mayo de 2022, anunció el fin del memorando de cooperación educativa firmado en 2019 entre los ministerios de Educación de ambos países.
La decisión se justificó en términos administrativos y de prioridades nacionales, pero en la práctica representó un enfriamiento de los lazos institucionales con La Habana.
Tres años más tarde, en septiembre de 2025, el gobierno de Chaves dio un paso más al incluir a Cuba entre los países señalados por violaciones graves y persistentes de derechos humanos ante la Asamblea General de la ONU, según declaró el canciller Arnoldo André a la agencia EFE.
Aunque el expresidente no participó personalmente en esa sesión, la posición oficial colocó a Costa Rica junto a otras democracias de la región que han endurecido su discurso frente a regímenes autoritarios del continente.
Fernández, que se define como la “heredera del cambio” impulsado por Chaves, no ha anticipado ajustes en materia de política exterior. Su discurso de continuidad y orden interno apunta a mantener la línea pragmática pero firme que caracterizó al gobierno saliente: distancia con el régimen cubano, defensa de los derechos humanos y alineamiento con las democracias liberales del hemisferio.
De confirmarse ese rumbo, Costa Rica seguirá siendo una de las voces latinoamericanas que —sin romper relaciones diplomáticas— mantienen una posición crítica hacia las violaciones de derechos humanos en la isla y la falta de libertades bajo el control del Partido Comunista.
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