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El reciente anuncio del gobierno cubano de permitir que los cubanos residentes en el exterior inviertan y posean negocios en la isla ha generado expectativas dentro de la diáspora.
Sin embargo, expertos legales y analistas advierten que, en la práctica, esta supuesta apertura económica carece de garantías reales y podría convertirse en un riesgo significativo para quienes decidan apostar su capital en el país.
El ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó que Cuba estaría dispuesta a aceptar inversiones de cubanos en el extranjero, incluso en sectores estratégicos como la deteriorada infraestructura nacional. La declaración fue presentada como una señal de flexibilización económica en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.
No obstante, detrás del anuncio persisten los mismos problemas estructurales que han frenado históricamente la inversión: un sistema jurídico sin independencia, una burocracia estatal lenta y opaca, y un marco legal que puede modificarse de forma discrecional.
Uno de los principales obstáculos es la ausencia de un verdadero Estado de derecho. Juristas consultados por el Miami Herald señalaron que en Cuba no existen tribunales independientes capaces de proteger a los inversores en caso de conflictos.
Las decisiones judiciales responden a directrices del propio Estado, lo que deja a empresarios —tanto nacionales como extranjeros— en una posición de extrema vulnerabilidad.
A esto se suma un elemento especialmente sensible: la confiscación de bienes, que sigue contemplada dentro del ordenamiento legal cubano.
Históricamente utilizada como herramienta de control político y económico, esta figura permite al Estado expropiar negocios bajo diversas justificaciones, lo que genera desconfianza entre potenciales inversores, especialmente en Miami, donde residen descendientes de familias que perdieron sus propiedades tras la revolución.
Los antecedentes refuerzan estas preocupaciones. En los últimos años, varios empresarios han sido procesados, encarcelados o despojados de sus negocios en la isla.
Casos como el del empresario canadiense Cy Tokmakjian, o más recientemente el del cubanoamericano Frank Cuspinera Medina —quien denunció desde prisión la fabricación de cargos para justificar la expropiación de su empresa— evidencian los riesgos reales de operar en el país.
Además, la normativa que supuestamente permitiría a los cubanos en el exterior invertir en la isla ni siquiera está plenamente en vigor.
Expertos señalan que la ley migratoria mencionada por las autoridades, que incluiría la figura de inversores desde el exterior, no ha sido publicada oficialmente en la Gaceta, por lo que no está en vigor, lo que impide su aplicación efectiva.
Tampoco existe claridad sobre los requisitos para acceder a la categoría de “inversor residente”, lo que incrementa la incertidumbre.
El control estatal sobre sectores clave de la economía añade más barreras. En Cuba, todos los bancos pertenecen al Estado, lo que permite restringir el movimiento de capitales.
De hecho, desde finales de 2025, numerosas empresas extranjeras han reportado dificultades para transferir fondos fuera del país.
La situación es aún más compleja en áreas como la agricultura o el desarrollo inmobiliario. El Estado posee alrededor del 80 % de las tierras cultivables, y la propiedad privada del suelo es extremadamente limitada.
Incluso en zonas urbanas, el terreno sigue siendo propiedad estatal, lo que dificulta cualquier proyecto de inversión a largo plazo.
Desde el punto de vista político, tampoco hay señales de un cambio estructural. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, consideró recientemente que las medidas anunciadas por La Habana son insuficientes para resolver la crisis económica del país.
Además, las sanciones estadounidenses siguen vigentes y requieren autorizaciones específicas para cualquier tipo de inversión, lo que añade otra capa de complejidad.
En este contexto, la aparente apertura del régimen se percibe más como un intento de captar divisas que como una reforma real del modelo económico.
Sin garantías legales, sin transparencia institucional y con un historial de arbitrariedad, invertir en Cuba continúa siendo, para muchos, una apuesta de alto riesgo.
Mientras no se produzcan cambios profundos en el sistema político y jurídico, los expertos coinciden en una conclusión clara: más allá de los anuncios oficiales, las condiciones reales para invertir en la isla siguen siendo extremadamente precarias.
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