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La empresa privada Havana Agro SURL anunció este jueves que limitará temporalmente sus operaciones en Cuba, tras denunciar obstáculos reiterados por parte del Instituto de Ingeniería Agrícola, entidad perteneciente al Ministerio de la Agricultura (Minag), a la que acusa de impedir el acceso de productores a equipamiento agrícola.
En un comunicado difundido en redes sociales, la compañía afirmó que la dirección del instituto ha creado “obstáculos reiterados e intencionados”, interpretando las normas jurídicas “a conveniencia” y dificultando los procesos de validación necesarios para introducir nueva maquinaria en el país.
Según la empresa, esas trabas impiden que agricultores cubanos puedan acceder con mayor facilidad a equipos de primera línea con precios en moneda nacional y, en algunos casos, con facilidades de pago mediante instituciones bancarias.
Como consecuencia de esa situación, Havana Agro SURL anunció que se limitará a importar, ensamblar y comercializar únicamente equipos agrícolas que ya se encuentran validados en el país o que están actualmente en proceso de validación.
La medida, calificada como excepcional, se mantendrá hasta que existan condiciones para que los procesos pendientes se tramiten en un clima de trabajo “adecuado, transparente y fructífero”, indicó la empresa.
La compañía aseguró además que ha intentado establecer cooperación con el instituto mediante propuestas de trabajo conjunto que incluían beneficios económicos para los trabajadores de esa entidad estatal.
Sin embargo, afirma que dichas propuestas han sido rechazadas o ignoradas de forma sistemática por la dirección del organismo, lo que habría deteriorado el clima de trabajo entre ambas partes.
En su declaración, la empresa sostuvo que la actitud de algunos funcionarios públicos no solo afecta la relación entre el sector estatal y el privado, sino que también perjudica a la economía nacional, a los sistemas productivos y a los agricultores del país, especialmente en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.
Pese al conflicto, Habana Agro SURL aseguró que continuará promoviendo alianzas entre actores estatales y privados y defendió el papel del sector privado dentro del sistema económico cubano.
La empresa subrayó que este sector “constituye un actor económico con su justo lugar en el entramado económico, jurídico y administrativo del país”.
El anuncio provocó numerosas reacciones en redes sociales. En los comentarios a la publicación, varios usuarios señalaron que las trabas burocráticas y las regulaciones estatales han frenado repetidamente iniciativas destinadas a mejorar la producción agrícola, mientras otros denunciaron lo que consideran un “bloqueo interno” que dificulta el acceso a tecnología y financiamiento para quienes trabajan la tierra.
Campo cubano: entre nuevas normas y viejos resultados
Justamente el 2 de abril entró en vigor del Decreto-Ley 114, una norma presentada como un paso para ampliar la cooperación entre empresas estatales y actores económicos no estatales.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que la disposición permitiría crear nuevas modalidades de negocios y “dinamizar la economía”, mediante asociaciones entre entidades públicas y mipymes o cooperativas.
El decreto, aprobado por el Consejo de Estado en diciembre de 2025 y publicado en marzo de 2026, establece cuatro formas de asociación entre empresas estatales y privadas, entre ellas la creación de sociedades mixtas, la participación estatal en empresas privadas existentes o contratos de asociación económica sin necesidad de crear una nueva entidad jurídica.
No obstante, todas estas operaciones requieren autorización expresa del Ministerio de Economía y Planificación, lo que mantiene el control estatal como eje central del sistema.
Varios economistas recibieron la medida con escepticismo. El analista Elías Amor advirtió que, mientras no se modifique el marco legal general de la actividad empresarial en Cuba, el sector privado continuará subordinado al Estado.
En una línea similar, el economista Ricardo Torres criticó el nivel de centralización y burocracia del nuevo esquema, mientras Daniel Torralbas sugirió que la norma podría responder más a la necesidad de apuntalar a las empresas estatales que a una estrategia de desarrollo a largo plazo.
Las discusiones sobre nuevas regulaciones también se extienden al sector agrario. Diputados de la Asamblea Nacional analizaron recientemente un proyecto de ley sobre Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, presentado como un instrumento para reorganizar la tenencia y explotación de tierras en función de la soberanía alimentaria.
No obstante, los reportes oficiales sobre el debate se centraron en ajustes normativos y principios jurídicos sin ofrecer cifras concretas que permitan evaluar si estas reformas se han traducido en un aumento real de la producción de alimentos.
Estas iniciativas legales llegan en medio de un profundo deterioro del sector agropecuario. El propio gobierno ha reconocido fuertes caídas en la producción: las viandas se redujeron 44 %, los huevos 43 % y la leche 37.6 %, según datos oficiales divulgados en 2025.
Paralelamente, el sistema estatal de Acopio, históricamente responsable de la comercialización agrícola, acumuló deudas millonarias con productores, lo que ha limitado la capacidad de los campesinos para comprar insumos, pagar jornaleros o sostener sus cosechas.
En este contexto, el gobierno anunció recientemente el fin formal del monopolio de Acopio mediante el Decreto 143, que autoriza a mipymes, cooperativas y otros actores a participar en la comercialización agropecuaria.
Pero la norma mantiene amplios mecanismos de control estatal sobre precios, destinos de los productos y balances productivos, lo que evidencia que, pese a los anuncios de apertura, el Estado sigue determinando el funcionamiento del sector agrícola.
Al mismo tiempo, las autoridades han planteado nuevas fórmulas para atraer inversiones al campo, incluida la posibilidad de entregar tierras en usufructo a cubanos residentes en el exterior y permitirles participar como socios en proyectos productivos dentro de la isla.
No obstante, estas propuestas también han generado dudas entre potenciales inversores y miembros de la diáspora, debido al historial de cambios regulatorios abruptos, confiscaciones y cierres de negocios privados en el país.
Preguntas frecuentes sobre las trabas a la maquinaria agrícola en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Havana Agro SURL ha decidido limitar sus operaciones en Cuba?
Havana Agro SURL ha decidido limitar sus operaciones debido a los obstáculos impuestos por el Instituto de Ingeniería Agrícola, entidad perteneciente al Ministerio de la Agricultura, que dificulta el acceso de productores cubanos a maquinaria agrícola. Estos obstáculos incluyen interpretaciones de normas jurídicas que complican la validación de nuevos equipos en el país.
¿Cuáles son las consecuencias de estas trabas para los agricultores cubanos?
Las trabas impuestas por las autoridades han impedido que los agricultores cubanos accedan a equipos agrícolas de primera línea con precios en moneda nacional y facilidades de pago. Esto afecta directamente su capacidad para mejorar la producción en un contexto de crisis económica y bajo el control estatal, que obstaculiza la modernización del sector agrícola en Cuba.
¿Qué es el Decreto-Ley 114 y cómo afecta al sector privado en Cuba?
El Decreto-Ley 114 regula las asociaciones entre empresas estatales y privadas en Cuba, permitiendo nuevas modalidades de negocios como las sociedades mixtas. Sin embargo, el control estatal permanece central en todas las operaciones, ya que requieren autorización del Ministerio de Economía y Planificación. Aunque se presenta como un paso hacia la dinamización económica, el marco sigue limitando la autonomía del sector privado y su capacidad para operar de manera independiente.
¿Qué otras medidas ha tomado el gobierno cubano en el sector agrícola?
El gobierno cubano ha anunciado el fin del monopolio de Acopio mediante el Decreto 143, permitiendo a mipymes y cooperativas participar en la comercialización agropecuaria. No obstante, se mantienen mecanismos de control estatal sobre precios y destino de productos, lo que limita la efectividad de estas medidas para realmente fomentar una mejora en la producción agrícola.
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