¿Dónde estaba el derecho internacional cuando el comunismo comenzó a exportar revolución?



El texto sostiene que el legado político del castrismo muestra signos claros de descomposición © CiberCuba
El texto sostiene que el legado político del castrismo muestra signos claros de descomposición Foto © CiberCuba

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Ante las críticas al presidente Donald Trump por su anuncio sobre una posible acción sobre Cuba, un activista cubano cuestionó este sábado ¿dónde estaba el derecho internacional cuando el régimen cubano exportó su revolución por la fuerza durante décadas?

El video, publicado en X bajo el nombre VozDeVerdad, responde directamente a quienes anticipan que la izquierda internacional invocará el derecho internacional para oponerse a cualquier intervención en Cuba.

Trump afirmó esta mañana, en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir sus operaciones en Irán, y que enviaría el portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 metros de la costa cubana para provocar la rendición del régimen.

«¿Dónde estaba el derecho internacional cuando el propio comunismo cubano empezó a exportar revolución en América, en África, en los años 60, empezando guerras?», pregunta el activista en el video.

La interrogante no es retórica: desde 1959, Cuba apoyó militarmente guerrillas en América Latina y África, entrenando combatientes y financiando movimientos armados. La Primera Conferencia de Solidaridad Tricontinental, celebrada en La Habana en enero de 1966, institucionalizó esa política con 500 delegados de 82 países.

El argumento recorre décadas de violaciones documentadas. El Che Guevara, como jefe de La Cabaña entre enero y julio de 1959, supervisó entre 79 y 180 fusilamientos en juicios sumarísimos.

Él mismo lo reconoció ante la ONU el 11 de diciembre de 1964: «Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.» Entre 1965 y 1968, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) confinaron a unas 30,000 personas —religiosos, disidentes, intelectuales— en condiciones de trabajo forzado en Cuba.

«¿Dónde está el derecho de los que fueron golpeados el 11 de julio de 2021? ¿Dónde está el derecho de los más de mil presos políticos cubanos? ¿Dónde está el derecho de Jonathan, adolescente cubano?», continúa el activista.

Las protestas del 11J dejaron más de 1,500 detenidos y condenas de hasta 14 años. Al 18 de abril, la organización Justicia 11J documentaba 775 presos políticos en Cuba, 338 de ellos relacionados con aquellas protestas.

El caso de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, sintetiza la represión actual. Detenido el 16 de marzo tras participar en protestas en Morón por apagones de más de 26 horas, fue trasladado sin aviso a la prisión de máxima seguridad Canaleta.

El padre de Jonathan denunció su desesperación tras una llamada a la 1:45 de la madrugada del 23 de abril en la que el menor suplicó: «Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más.» La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares el 24 de abril, que Cuba ignoró.

Este contexto se produce un día después de que la administración Trump firmara nuevas sanciones ejecutivas contra Cuba que incluyen bloqueo de activos de extranjeros que apoyen al régimen, restricciones a bancos foráneos y embargos en energía, minería y defensa.

El canciller cubano Bruno Rodríguez las calificó de «castigo colectivo ilegal y abusivo», mientras el Partido Comunista declaró que «no habrá rendición».

El Senado de Estados Unidos rechazó el pasado miércoles, por 51 votos contra 47, una resolución demócrata para limitar las acciones de Trump sobre Cuba.

El activista concluye con una advertencia directa a quienes se opongan a cualquier acción: «Si usted quiere pensar diferente sobre una intervención militar o una intervención humanitaria a Cuba, puede hacerlo. Pero no ponga la excusa del derecho internacional, porque precisamente el pueblo cubano tiene derecho a vivir en libertad.»

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