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La cadena hotelera Meliá Hotels International y las instituciones financieras españolas podrían convertirse en los principales blancos de la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump, según un análisis del Consejo de Comercio y Economía EE. UU. - Cuba.
La orden, emitida el 1 de mayo de 2026, amplía las sanciones contra el régimen cubano bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y bloquea todos los bienes vinculados al régimen en territorio estadounidense, incluyendo los de funcionarios actuales y pasados, sus colaboradores y familiares adultos.
El análisis califica la medida como «la versión política de una nube de tormenta que abarca el largo y ancho del archipiélago cubano, con pequeñas nubes de tormenta distribuidas hacia otros países, particularmente aquellos con vínculos con el gobierno cubano».
Según el documento, la orden «está diseñada para infundir a escala global la mayor aprensión, confusión, miedo e incertidumbre posibles» y, según sus autores, «logró ese objetivo».
El análisis identifica a España como el país con mayor riesgo: «El primer ministro Pedro Sánchez está directamente en la mira política de Donald Trump».
Si el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado deciden implementar las disposiciones, «Meliá Hotels International SA, con sede en Palma de Mallorca, junto con las instituciones financieras españolas, son los objetivos más probables», advierte el informe.
Sin embargo, la entidad aclara que esto no sería necesariamente porque dichas entidades contradigan las disposiciones de la orden, «sino por la satisfacción que Trump obtendría al presionar al primer ministro Sánchez».
La motivación política se refuerza por el contexto del G7 de junio de 2026, organizado por Francia, donde España participa por tradición pese a no ser miembro. El análisis señala que Trump «está ansioso ante la perspectiva de una confrontación con el primer ministro Sánchez» en ese foro.
La presión sobre las hoteleras españolas en Cuba no es nueva. Desde que Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton el 2 de mayo de 2019, Meliá e Iberostar enfrentan demandas en tribunales federales de EE. UU. por operar en propiedades expropiadas tras la Revolución Cubana, con unas 6,000 reclamaciones valoradas en casi 8,000 millones de euros.
En julio de 2025, Trump ya había impuesto sanciones directas a la industria turística cubana, incorporando el hotel Iberostar Selection La Habana a la lista restringida del Departamento de Estado. El 20 de enero de 2025, la administración también actualizó la lista de entidades restringidas de Cuba, afectando al Meliá Marina Varadero y al Iberostar Grand Packard.
Activistas cubanos, entre ellos el Premio Sájarov Guillermo Fariñas, han protestado frente a hoteles Meliá en EE. UU. denunciando la complicidad de estas cadenas con el régimen. En abril de 2026, un abogado español calificó las inversiones hoteleras en Cuba de «fraude por explotación de trabajadores cubanos».
El análisis también advierte sobre la debilidad histórica de la Unión Europea ante estas medidas. En 2019, Bruselas prometió contratar representación legal en EE. UU. para defender a empresas europeas bajo el Título III, amenaza que nunca se materializó.
«Eso nunca ocurrió», recuerda el documento, lo que lleva a concluir que Washington «no tiene nada que temer en términos de represalias».
El negocio de las hoteleras españolas atrapadas en el colapso cubano se deteriora en paralelo a una crisis energética severa: la isla sufre apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una contracción económica proyectada del 7,2% en 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
La nueva orden ejecutiva se suma a más de 240 sanciones acumuladas por la administración Trump contra Cuba desde enero de 2026, en el marco de una estrategia de presión máxima que también ha interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones petroleras del régimen entre 80% y 90%.
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