Residentes buscan frenar entrega de terreno en Miami para biblioteca de Trump

Un grupo de residentes de Miami presentó el miércoles una demanda federal contra el presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis, el Miami Dade College y funcionarios estatales para intentar bloquear la construcción de la biblioteca presidencial de Trump en Miami, alegando que la donación del terreno viola la Constitución de Estados Unidos.

El caso, identificado como Sistrunk Seeds Inc. et al. v. Trump et al. (No. 1:26-cv-23365), fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por el Constitutional Accountability Center y el bufete Gelber Schachter & Greenberg.

Los demandantes incluyen a dos residentes de Miami, la organización sin fines de lucro Dunn's Overtown Farm —propiedad del profesor emérito de la Florida International University, Marvin Dunn— y un estudiante de agricultura urbana.

El argumento central de la demanda de 57 páginas es que la cesión del terreno viola la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución, que prohíbe a los estados otorgar beneficios financieros a un presidente en ejercicio.

«La cláusula de emolumentos internos se adoptó para garantizar la lealtad incondicional del presidente a los intereses de la nación estadounidense en su conjunto, impidiendo que los estados individuales le otorgaran regalos y otros beneficios con la esperanza de obtener un trato favorable a cambio», señala la demanda.

El terreno en disputa es una parcela de 2,63 acres ubicada junto a Biscayne Boulevard, frente al Kaseya Center y cerca de la Torre de la Libertad, tasada oficialmente en 66-67 millones de dólares por el tasador del condado de Miami-Dade en 2025, aunque expertos citados en la demanda estiman su valor real en hasta 360 millones de dólares.

Los demandantes también citan declaraciones del propio Trump como evidencia de intención comercial: el presidente dijo a reporteros que el complejo podría incluir «un hotel con un hermoso edificio debajo y un Boeing 747 Air Force One en el lobby».

Los diseños difundidos por Eric Trump muestran un rascacielos con el letrero «TRUMP» idéntico al logo de The Trump Organization, similar a propiedades hoteleras de la familia.

La historia del terreno acumula una larga cadena de polémicas. El Miami Dade College votó unánimemente ceder la parcela al estado de Florida el 23 de septiembre de 2025, y una semana después DeSantis y su gabinete aprobaron formalmente la transferencia a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc.

En octubre de 2025, la jueza de circuito Mavel Ruiz bloqueó temporalmente la transferencia tras una demanda previa de Marvin Dunn por violación de leyes de gobierno abierto, pero la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito rechazó mantener esa medida en noviembre de ese año.

El 3 de diciembre de 2025, el Miami Dade College ratificó la cesión por unanimidad tras tres horas y media de debate público, y en febrero de 2026 la propiedad fue transferida formalmente a la fundación.

En marzo de 2026, Trump reveló nuevos diseños del proyecto —un imponente rascacielos de vidrio con aguja tricolor y bandera estadounidense— a través de un video de inteligencia artificial en Truth Social.

El proyecto contempla una réplica del Despacho Oval, la Columnata Oeste, un salón de baile, pantallas gigantes y un hotel adyacente, lo que lo convertiría en la primera biblioteca presidencial en incluir un desarrollo turístico complementario.

La Legislatura de Florida, dominada por republicanos, aprobó además una ley que impide a gobiernos locales bloquear la construcción de bibliotecas presidenciales, blindando el proyecto frente a posibles obstáculos municipales.

La demanda actual es la segunda acción legal contra el proyecto. Dunn, uno de los demandantes, ya había advertido el alcance de la oposición ciudadana: «Es una pérdida de tiempo venir aquí. Tenemos 20,000 cartas enviadas a estos miembros de la junta diciendo: no hagan esto».

La demanda solicita la anulación de la transferencia del terreno y rendición de cuentas constitucionales, lo que podría paralizar definitivamente la construcción si los tribunales federales acogen los argumentos de los demandantes.