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El régimen cubano adeuda más de 277 millones de dólares a Sherritt International, la empresa canadiense que durante más de tres décadas fue su mayor socio minero extranjero, según confirma la propia compañía en un comunicado oficial donde anuncia el cierre definitivo de sus operaciones en la isla.
La cifra refleja años de impagos acumulados y la incapacidad estructural del Estado cubano para honrar sus compromisos financieros.
El componente principal de esa deuda es el saldo que la empresa estatal General Nickel Company S.A. (GNC) mantiene con Sherritt por la operación conjunta de níquel y cobalto en Moa, Holguín: 277 millones de dólares al cierre de 2025.
A eso se suman cuentas por cobrar vinculadas a Energas S.A. —la empresa conjunta de generación eléctrica— y a CUPET, la petrolera estatal cubana.
La deuda no surgió de golpe. Durante años, el Estado cubano fue aplazando pagos hasta que en octubre de 2022 se negoció un mecanismo alternativo conocido como el «cobalt swap»: en lugar de pagar en divisas, Cuba entregaría cobalto físico refinado durante cinco años, entre 2023 y 2027, para saldar 362 millones de dólares canadienses en cuentas por cobrar.
El acuerdo fracasó. Hacia finales de 2024, el régimen solo había cumplido con alrededor del 25% de lo pactado, evidenciando que ni siquiera ese mecanismo de pago en especie estaba al alcance de sus posibilidades.
En febrero de 2026, la situación empeoró cuando las autoridades cubanas notificaron a Sherritt la falta de combustible para mantener la producción en Moa, obligando a suspender las operaciones en medio de la aguda crisis energética que atraviesa la isla.
El golpe definitivo llegó el 1 de mayo de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió drásticamente las sanciones contra Cuba e introdujo sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.
El 7 de mayo, el Departamento de Estado designó a GAESA —el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas— bajo esa nueva autoridad, haciendo insostenible la posición de cualquier empresa extranjera con vínculos en la isla.
Ante ese escenario, Sherritt anunció la disolución de todas sus operaciones en Cuba y la invocación de su cláusula de disolución con GNC. El plan prevé que Sherritt se quede como único propietario de la refinería de Saskatchewan, en Canadá, mientras GNC asumiría el control de las operaciones mineras cubanas.
Sin embargo, dado que el valor de la mina cubana supera al de la refinería canadiense, el acuerdo de disolución obliga a GNC a pagar a Sherritt un monto adicional de igualación de valor de mercado, por encima de los 277 millones ya adeudados. La empresa reconoce que «la única forma de preservar su capacidad de hacer negocios es invocar sus derechos de disolución sin demora».
En cuanto a Energas —que aporta entre el 10% y el 15% de la capacidad de generación eléctrica independiente de Cuba con sus 506 megavatios— Sherritt renunciará a su participación sin recibir compensación alguna. Lo mismo ocurrirá con sus contratos de producción compartida de petróleo y el contrato de servicios de perforación.
La salida de Sherritt deja al régimen cubano sin su principal socio minero extranjero, con una deuda impagable y sin acceso a la refinería canadiense que procesaba su níquel y cobalto. El proceso judicial para acelerar la disolución está programado para el próximo martes ante el Tribunal de King's Bench de Alberta.
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